La Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación expresó su enérgico rechazo al Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. El comunicado considera la medida como una violación constitucional y un ataque al federalismo educativo.
La senadora del Frente Renovador NEO Sonia Rojas Decut, miembro de la comisión por la provincia de Misiones, indicó en diálogo con canal12misiones.com que acompañó la medida “desde mi profunda convicción como educadora y como representante de una provincia que ha hecho de la educación su principal motor de desarrollo e innovación”.
Y añadió: “Misiones demostró que la verdadera transformación social y productiva solo es posible con un sistema académico, científico y educativo sólido”.
Sostuvo que la suspensión de la aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente “vulnera no solo la voluntad expresada por el Congreso de la Nación, sino también el derecho de millones de jóvenes argentinos a una educación pública de calidad“.
“Desde nuestro rol en el Senado, reafirmamos que la educación no es un gasto: es la inversión más estratégica en el futuro del país. Misiones, con su modelo educativo disruptivo —desde la Escuela de Robótica hasta Silicon Misiones y las Escuelas de Innovación—, demuestra que invertir en educación es apostar a la soberanía, al conocimiento y a las oportunidades reales para todos los jóvenes”, fundamentó.
Expresó que con esta medida buscan la inmediata aplicación de la ley, “no solo por una cuestión legal, sino porque se trata de una causa moral y nacional: garantizar que la Argentina siga formando profesionales, científicos, docentes y ciudadanos libres, capaces de construir un futuro con igualdad, dignidad y equidad“.
“Defender la universidad pública es defender la igualdad de oportunidades, la movilidad social y el futuro de la Nación”, agregó Rojas Decut.
El comunicado de la Comisión de Educación y Cultura
En el documento, los senadores recordaron que la ley fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria y que el sistema universitario nacional incluye 64 instituciones, más de 2 millones de estudiantes y 220.000 docentes, junto con 60.000 trabajadores no docentes que sostienen la educación superior en todo el país. La suspensión del decreto, según la comisión, representa un intento de degradar la educación pública y desoír el mandato del Congreso.
Los legisladores remarcaron que cualquier intento del Ejecutivo de dilatar la aplicación de la ley constituye una nueva demostración de desprecio hacia las instituciones y los poderes constitucionales. En este marco, la Comisión instó al Gobierno Nacional a garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de la Ley 27.795, incorporando las partidas necesarias en los presupuestos 2026 y en discusión en la Cámara de Diputados.
Con este pronunciamiento, la comisión reafirma su compromiso con la universidad pública como pilar del conocimiento, la movilidad social y el desarrollo soberano, advirtiendo que la educación superior es un motor de crecimiento económico y social que no puede ser desfinanciado.
