Este lunes, a través del Decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial y con la firma del presidente Javier Milei, se oficializó el veto total al aumento de haberes mínimos para jubilados, así como también a la suba en los bonos mensuales, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Se trata de un paquete de medidas que había sido aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación, pero que fue desestimado por el Ejecutivo.
La ley vetada contemplaba un aumento del 7,2% para todos los haberes y pensiones, excepto los regímenes especiales, junto con un incremento del bono previsional, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se ajustaría por inflación. Además, planteaba la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo que quienes no cumplan con los 30 años de aportes puedan regularizar su situación y acceder a una jubilación mínima.
Frente a esta decisión, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, reclamó la urgente declaración de una “emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional” para los jubilados, argumentando que “literalmente se están muriendo de hambre”.
“Los jubilados, los pensionados, todo este sector que hoy no tiene red social ni política, literalmente se está muriendo de hambre”, afirmó Semino en declaraciones radiales.
El funcionario advirtió que la situación no es nueva, sino que se arrastra desde hace al menos un año, cuando ocurrió un episodio similar: “Hace un año estábamos en el mismo escenario. Se sancionó lo mismo en el Congreso, se vetó y el sistema político abandonó el tema por un año”.
Según Semino, en la actualidad hay cinco millones de personas que perciben haberes de aproximadamente $379.000, y un millón más —las personas con discapacidad— que no llegan a los $320.000. “Nadie puede suponer en Argentina que con eso se puede subsistir en medio de esta crisis que viene de hace tiempo”, subrayó.
Emergencia nacional con responsabilidad compartida
El defensor pidió que se destinen recursos del Presupuesto Nacional para afrontar la situación, pero también exigió que los gobernadores y los municipios no se desentiendan del problema.
“Se deben emplear recursos del Presupuesto Nacional, pero que tampoco se desentiendan los gobernadores de los presupuestos provinciales y los municipales”, afirmó.
En el plano de la salud, Semino fue categórico al denunciar que “no hay atención médica en tiempo y forma”. A esto se suma la imposibilidad de muchos jubilados de adquirir su medicación, tras la eliminación de la gratuidad de los remedios implementada el año pasado.
“Un jubilado no puede comprar su medicación, ni obtenerla en las farmacias”, advirtió.
Condiciones indignas de vida
Otro de los aspectos que Semino destacó fue la crisis habitacional que atraviesan los adultos mayores, en especial en los centros urbanos. “Hay pilas de jubilados en las grandes ciudades viviendo en pocilgas”, denunció.
A modo de ejemplo, mencionó que en la Ciudad de Buenos Aires una habitación con baño compartido cuesta más de $200.000, mientras que la mayoría de los jubilados cobra apenas poco más de $300.000. “Es decir, prácticamente destinan todo su haber solo al alquiler, sin contar alimentación, medicamentos ni servicios”, explicó.
“Hay que evitar que se muera la gente”
El llamado de atención de Semino concluyó con una advertencia: “Hay que evitar que se muera la gente, porque esto es a lo que estamos asistiendo”, remarcó. A su vez, expresó su preocupación por el riesgo de que la agenda pública y política deje de lado nuevamente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
“Dentro de pocos días se entra en la vorágine de la cuestión electoral, y el jubilado y las personas con discapacidad salen nuevamente de la agenda”, lamentó.
Mientras el debate político se enreda entre vetos y pulseadas institucionales, la situación de millones de argentinos mayores de edad y con discapacidad se deteriora cada día más, sin soluciones concretas ni previsibilidad. La advertencia es clara: hay vidas en juego.
