El Gobierno de Argentina pidió a la jueza Loretta Preska que revierta la decisión que ordena entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios actuales y pasados. El planteo surgió una semana después de que la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York volviera a aceptar un pedido de los fondos demandantes en la causa por la expropiación de YPF.
El país sostuvo que no puede entregar los datos requeridos porque no posee los dispositivos solicitados. Argumentó que pertenecen a los funcionarios y no al Estado. Por esa razón, solicitó una reconsideración formal ante Preska.
El nuevo requerimiento de los demandantes incluyó a figuras clave como el exministro Sergio Massa y el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. También involucró a varios funcionarios y exfuncionarios de ambas gestiones. La Procuración del Tesoro ya había advertido que evaluaba alternativas para apelar lo que describió como una “orden de discovery sin precedentes”.
El planteo de Argentina a la jueza Preska por el caso YPF
En el escrito que presentó la defensa argentina, los abogados afirmaron que “el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil”. Esa cuestión clave es si los dispositivos y cuentas personales se encuentran “bajo la posesión, custodia o control” del Estado argentino.
El documento, difundido en redes sociales por el analista Sebastián Maril, indicó que los demandantes no demostraron que el Gobierno tenga el “derecho, la autoridad o la capacidad práctica” para acceder a esos dispositivos o cuentas. “Mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”, agrega el texto legal.
Además, la defensa argentina citó la legislación nacional. Señaló que las normas locales establecen que “son propiedad exclusiva de sus propietarios”, es decir, de los individuos. El escrito también destacó el respaldo de la Constitución Argentina, en sus artículos 17 a 19, que consideran esa propiedad como “inviolable”, salvo sentencia firme en contra del titular.
Los demandantes, según el planteo argentino, sólo citaron casos que involucran cuentas oficiales, no personales. Esa diferencia se volvió central en el reclamo ante la justicia estadounidense.
La jueza Preska ya había dictado una medida similar en septiembre de 2024. Su intención era avanzar con el proceso de embargo iniciado por los fondos Burford y Eton Park. Ambos buscan ejecutar el fallo que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares, más intereses, por la estatización de YPF.
Los demandantes intentan probar que empresas como el Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, YPF y Enarsa funcionan como “alter ego” del Estado. En otras palabras, afirman que carecen de autonomía y responden directamente a decisiones políticas.
Esa hipótesis formó parte de la estrategia judicial de Burford y Eton Park desde el inicio del juicio. En 2023, los fondos habían presentado una lista de 27 funcionarios, a los que buscaban acceder mediante el proceso de discovery. El Gobierno argentino intentó reducir ese número, pero finalmente Preska definió los nombres que debían entregar su información.
Sebastián Maril, director de Latam Advisors, explicó que “los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos”. Para eso, agregó, “necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”.
Maril también detalló el argumento que convenció a la jueza. “Los demandantes aseguran que funcionarios como Caputo y Massa usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para funciones oficiales. Por eso, quieren revisar si esos medios contienen datos útiles para avanzar con el embargo de bienes del Estado argentino”.
Mientras tanto, el Gobierno intenta bloquear esa vía de acceso con argumentos legales que apelan a la privacidad y a la jurisdicción nacional sobre los bienes personales de los funcionarios.
