El senador nacional por Misiones Carlos Arce destacó los avances incorporados al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental durante su tratamiento en el Senado, aunque advirtió que la actualización de la normativa debe contemplar recursos concretos y mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias. Por estos motivos, firmó el dictamen con disidencias parciales en dos puntos vinculados con el financiamiento y la implementación federal.
En su rol de vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado, Arce valoró las modificaciones introducidas al texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, mencionó el reconocimiento de los equipos interdisciplinarios, la participación de las familias en los procesos de atención y la incorporación de herramientas como la teleconsulta.
También planteó la necesidad de considerar las distintas realidades sanitarias de cada provincia, en particular las diferencias en la disponibilidad de profesionales y en la organización de los servicios de salud mental.
Financiamiento específico para aplicar la reforma
Uno de los principales cuestionamientos del legislador misionero fue la falta de un esquema de financiamiento nacional expresamente establecido para garantizar la aplicación de los cambios previstos en la ley.
“Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, que se traduzca en partidas presupuestarias identificables, criterios públicos y convenios con plazos de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas”, sostuvo Arce.
El senador remarcó que la actualización de la normativa requiere recursos que permitan sostener las medidas previstas y garantizar su implementación efectiva. En ese sentido, consideró necesario establecer criterios claros sobre la asignación y transferencia de fondos, así como mecanismos para controlar su ejecución.
El rol de las provincias en la implementación
El segundo punto de disidencia estuvo relacionado con la coordinación federal. Arce reclamó que la aplicación de la reforma se articule con el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), para que ambos espacios participen en la definición y el seguimiento de las medidas.
El legislador sostuvo que las provincias deben tener una participación activa en ese proceso, ya que son responsables de gran parte de la atención sanitaria y conocen las necesidades específicas de sus territorios.
De esta manera, Arce acompañó los avances alcanzados durante el debate parlamentario, pero planteó que la reforma debe contar con financiamiento nacional identificable y una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones. El objetivo, señaló, es que los cambios normativos puedan traducirse en una implementación concreta y en mejores condiciones de acceso a los tratamientos de salud mental en todo el país.
