El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, dicta este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud –dependiente del Ministerio de Salud– y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.
En diálogo con Canal Doce, la abogada Marta Lastra aclaró que “es una medida cautelar, es decir, una decisión previa a que pase a sentencia”. La profesional cordobesa, especializada en discapacidad, impulsó la causa junto a los doctores José Roque y Diego Bustos.
“Está dirigida tanto al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, como al PAMI, para que vuelvan a restablecer la cadena de pagos en materia de prestaciones para los titulares de pensiones no contributivas”, explicó.
La situación llega a este punto por el estado crítico del sector. “La mayoría de las personas mantiene sus prestaciones, pero sus prestadores están sin cobrar lo correspondiente al mes de noviembre del año pasado”, alertó Lastra. Debido a esto, aseguró que “mucha gente dejó de tener prestaciones y otro tanto está a punto de dejarlas”.
La estrategia jurídica
Para brindar una solución, su estudio solicitó una acción colectiva que beneficie a todos los titulares de pensiones no contributivas en el país. “Un titular de pensión no contributiva cobra 270 mil pesos, lo que dificulta acceder a la justicia privada”, justificó.
De esta manera, pudieron tomar el caso particular de su representado para obtener una medida generalizada. “Acompañando a Martín, nuestro cliente, podemos acompañar a todos”, insistió.
La solicitud no se limita a la cancelación de montos adeudados, sino a la regularización de la cadena de pagos. “El juez pidió oficios a algunas instituciones para ver qué pasó en el último semestre en materia de pagos”, explicó.
Según detalló, “PAMI pagó en noviembre y en abril, pero no en febrero ni marzo”. Esta irregularidad, que calificó como “pagos discrecionales”, no ayuda a la organización. “Los aranceles ya son bajos, porque el nomenclador no se actualizó según lo establecido por la Ley de Emergencias, sino que está muy por debajo de lo normal”.
Aumentos irregulares
Lastra repasó que “desde que asumió la gestión del presidente Milei, solamente se aumentó un 100% el valor de las prestaciones ambulatorias en el nomenclador: de 9 mil pesos se pasó a 18 mil”.
Y agregó: “Lo que sí permitió el Ministerio de Salud fue aumentar más del 500% el valor de las empresas de medicina prepaga. Yo pagaba 100 mil pesos en enero de 2024 y hoy pago 670 mil pesos por el mismo servicio para tres personas en un plan intermedio”.
Más allá de los aumentos, sostuvo que la administración central “carece de humanidad” en esta materia. “No se puede atacar a las personas con discapacidad ni aplicar auditorías inhumanas e injustas para los titulares de pensiones”, enfatizó.
Y concluyó: “Es fácil hacer una auditoría justa y no atacar como si fuese una cacería de brujas. No pueden ser acusados de defraudar al Estado por cobrar 270 mil pesos y tener la paupérrima cobertura de Incluir Salud”.
