El Juzgado Federal nro. 2 de Catamarca dictó una resolución que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país. La medida amplía la cautelar que ya regía en Catamarca y obliga al organismo a pagar los haberes retenidos a los beneficiarios.
Al respecto, el periodista Juan Carlos Argüello sostuvo en Canal Doce que “El fallo ordena a la ANDIS a devolver todas las pensiones dadas de baja y pagar lo retroactivo”. Añadió que “deben dar marcha atrás con todos los ajustes, más de 100 mil pensiones dadas de bajas que deben ser reactivadas, en Misiones el número se acerca a las 10 mil pensiones”.
“Tendrán la posibilidad de apelar, pero es un nuevo revés para el ajuste en el área de la discapacidad”, señaló el periodista. En este sentido, Argüello destacó que “el ajuste en discapacidad provocó un sismo en el ámbito político y el rechazo del Congreso nacional a los vetos presidenciales”.
Organizaciones y gobiernos provinciales impulsaron la restitución de pensiones
El periodista explicó que el fallo surge en el marco de la acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM). La presentación se acumuló a la realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la ACIJ y el CELS, con apoyo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Asimismo, participaron organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
En el amparo presentado en septiembre, los abogados señalaron que la suspensión de pensiones violó el debido proceso y derechos fundamentales como la protección social, la salud y la vida independiente. Además, denunciaron que el Estado creó nuevas obligaciones para los beneficiarios sin informar adecuadamente, lo que afectó directamente su acceso a las prestaciones.
La suspensión de más de 100 mil pensiones en los últimos meses agravó la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y profundizó la exclusión histórica que enfrentan. Con este fallo, la Justicia reafirma la obligación del Estado de garantizar derechos y revertir decisiones arbitrarias que afectan la vida digna de los beneficiarios.
