El Gobierno de Misiones formalizó un reclamo ante Nación por una deuda superior a los $2.500 millones correspondiente al Programa Federal Incluir Salud, que acumula varios meses de atraso. El planteo esta dirigido al Ministerio de Salud y se suma a una gestión previa ante Economía, en un contexto donde la falta de pagos impacta en la continuidad de prestaciones para personas con discapacidad.
El subsecretario de Coordinación General de Gabinete Joaquín Montenegro Niveyro dilogó con Canal Doce y señaló que la deuda “supera los seis meses” y explicó que se trata de un tema “muy sensible” por el alcance social y económico. Además, indicó que el pedido se realiza en conjunto con los centros y que el objetivo es lograr una respuesta urgente para garantizar la continuidad de los servicios.
Según datos oficiales, los fondos adeudados afectan a nueve centros que asisten a entre 1.600 y 2.000 personas con discapacidad, además de sostener entre 600 y 800 puestos de trabajo entre profesionales, choferes y personal de apoyo.
El funcionario detalló que la Provincia articula una mesa de trabajo con las instituciones afectadas y remarcó que el reclamo fue elevado directamente a Nación con respaldo de Passalacqua. En ese marco, afirmó que ya comenzaron a registrarse señales parciales de pago, aunque insistió en la necesidad de regularizar la totalidad de los fondos.
“Estos centros asisten entre 1.600 y 2.000 chicos con discapacidad, brindándoles el mejor servicio. Además, tienen más de 600 profesionales trabajando”, precisó Montenegro. En ese contexto, valoró el trabajo conjunto para lograr una solución a la problemática: “El trabajo es en equipo, con la responsabilidad que ordena el Gobernador, como lo viene haciendo desde un primer momento al reclamar los fondos que le corresponden a Misiones”, cerró.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que la interrupción en los pagos compromete tanto la atención como la estructura operativa de los centros. Esto dado que, el Programa Incluir Salud, cubre prestaciones médicas para personas con discapacidad sin obra social. La demora en las transferencias impacta en terapias, traslados y tratamientos que se sostienen a través de estos centros en toda la provincia.
La solicitud de Misiones al Ministerio de Slaud de la Nación
El gobernador Hugo Passalacqua comunicó a través de sus redes sociales un reclamo formal al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por los pagos pendientes a los centros que brindan asistencia a personas con discapacidad en Misiones.
En su mensaje, Passalacqua precisó que “tal como lo hicimos días atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses —por una suma superior a los 2.500 millones de pesos— a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud”. El pedido al titular de la cartera sanitaria nacional se suma así a una gestión previa ante el Ministerio de Economía.
Tal como lo hicimos días atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses —por una suma superior a los 2.500 millones de pesos— a los centros… pic.twitter.com/4617zpaFGf
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 16, 2026
Hizo hincapié en el impacto directo que la falta de pagos tiene sobre la población que depende de esos centros: “Es fundamental que esta situación se resuelva a la brevedad. Son miles de misioneros y misioneras los que hoy están expectantes y necesitan una respuesta”. El reclamo apunta a la reactivación del programa y a la regularización de las obligaciones pendientes.
Passalacqua expresó además su confianza en que el Gobierno nacional atienda el pedido: “Confío en que primará la sensibilidad y que se continuará asumiendo la obligación institucional, en el marco de la ley, para reanudar el programa y dar una respuesta urgente”. La apelación al marco legal subraya el carácter vinculante de las obligaciones del Estado nacional con los beneficiarios del programa.
