Desde este lunes, los afiliados de PAMI en todo el país enfrentan un escenario crítico: sus médicos de cabecera dejaron de atender en el marco de un paro de 72 horas convocado por Appamia, el gremio que nuclea a los profesionales del programa de atención primaria de la obra social de los jubilados.
La medida responde al rechazo generalizado que generó la Resolución 1107/2026, que según los profesionales reduce sus retribuciones exactamente a la mitad. El monto que perciben actualmente por cada paciente atendido es de $2.100, una cifra que debe cubrir desde la emisión de recetas y derivaciones hasta pedidos de internación y visitas a domicilio.
El panorama se agrava por las condiciones operativas que impone la propia obra social. Cada consulta debe validarse en tiempo real a través de un sistema informático que presenta fallas recurrentes, lo que obliga a muchos profesionales a completar la carga administrativa fuera de horario para evitar descuentos en sus haberes.
En términos concretos, la normativa cuestionada —dictada sin consulta previa y con efecto retroactivo a abril— elimina la consulta presencial como fuente independiente de ingreso e incorpora más prestaciones dentro de un pago fijo. También suprime los incentivos económicos vinculados a la capacitación profesional. Bajo este esquema, un médico con dedicación de jornada completa pasaría de percibir $2.100.000 a apenas $1.400.000, un monto que el sector considera insuficiente para sostener el funcionamiento de un consultorio, con sus costos de alquiler, servicios y personal administrativo.
Desde el sindicato describieron la situación de los consultorios como “insostenible” y “estresante”.
A través de mensajes difundidos en redes sociales, los profesionales pidieron “comprensión a los pacientes” ante la medida de fuerza. En algunas regiones del país, médicos anunciaron que comenzarán a aplicar un “arancel compensatorio” de $10.000 a los afiliados, argumentando que esa vía les permitiría sostener la calidad de atención que los pacientes necesitan.
Durante las jornadas de protesta, únicamente se garantizará la atención de casos de urgencia, sujeta al criterio de cada profesional.
El conflicto no se limita a los médicos clínicos. Los odontólogos mantienen desde hace un mes una retención de tareas por deudas en los pagos y aranceles que consideran irrisorios: perciben $374 por paciente, cuando un solo cartucho de anestesia supera los mil pesos, sin contar el mantenimiento del equipamiento de alta complejidad que requiere la especialidad.
Frente a este cuadro, Appamia elevó una contrapropuesta que plantea un piso de $6.500 por paciente como condición mínima para garantizar la continuidad del servicio. Entre los reclamos centrales del gremio figuran la derogación inmediata de la Resolución 1107, un aumento urgente en los aranceles tanto para médicos como para odontólogos, y la reincorporación de profesionales desvinculados sin causa que habían reclamado regularización laboral ante las exigencias de exclusividad y cumplimiento horario que impone la obra social.
Si no hay respuestas, la medida de fuerza podría escalar a un paro por tiempo indeterminado. Además, el gremio adelantó que evalúa iniciar acciones legales y judiciales para resguardar los
