El Senado de la Nación aprobó la semana pasada la declaración de emergencia en discapacidad, durante una sesión especial a la que no asistieron los legisladores del oficialismo. La medida logró avanzar gracias al respaldo de sectores opositores y bloques provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo. La titular del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que están en riesgo las prestaciones y servicios para las personas con discapacidad.
Así lo expuso durante la entrevista que brindó en el programa El Periodista de Canal Doce. Allí, además se refirió a la gravedad del panorama actual.
La funcionaria precisó que en Misiones hay 34.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 2,7 % de la población. También, mencionó que muchas personas que cobran pensiones no contributivas no poseen el CUD. Esto se debe a que la normativa vigente permite acceder al beneficio sin el CUD.
“Están en riesgo las prestaciones y servicios para las personas con discapacidad: en salud, en ayudas técnicas y en el acceso a medicamentos de alto costo”, observó. Además, consideró que “las políticas públicas son fundamentales para acompañar a las personas con discapacidad”.
Asimismo, precisó que la ley establece medidas urgentes ante el recorte presupuestario que afecta a las personas con discapacidad en todo el país. El objetivo es restituir fondos para garantizar prestaciones, transporte, ayudas técnicas y medicamentos de alto costo. El Poder Ejecutivo aún debe reglamentar la ley para su aplicación efectiva.
El impacto local y la postura de Misiones
En relación al impacto en Misiones, Antúnez explicó que la Provincia garantiza y brinda los servicios que el Gobierno nacional busca dejar de cubrir. “Esto se logra a través distintos organismos provinciales que tienen competencia y pueden acompañar”, remarcó. Sin embargo, “no corresponde que la Nación se desentienda de las obligaciones que le corresponde, porque de alguna manera es parte de ese aporte a cada ciudadano”, aclaró.
“Esta situación le llega a las personas con discapacidad en una forma en la que no se les permite garantizar su derecho por ejemplo para que sean auditadas”, afirmó. Para Antúnez, “querer ahorrar en esto, implica dejar a estas personas sin la posibilidad de pagar su alimento, el alquiler, la luz, entre otros costos”.
Indicó que “el costo mínimo es de 290 mil pesos aproximadamente, que si bien no es una suma importante, para las personas con discapacidad es un ingreso fundamental”. Por lo que consideró que es importante garantizar el derecho a que puedan ser auditados y llegue la medicación de alto costo.
Por irregularidades, piden la suspensión de las auditorías realiza Nación
La titular del Consejo Provincial de Discapacidad confirmó que en mayo se elevó un pedido institucional para suspender las auditorías en Misiones hasta tanto se garanticen condiciones mínimas. “Detectamos un montón de irregularidades en el procedimiento, por ejemplo no llegaban las cartas documento a los domicilios, pero la gente era citada de igual manera”, alertó. También mencionó la falta de información en las clínicas y la ausencia de criterios claros para los beneficiarios.
Además, aseguró que el COPRODIS apoya la realización de auditorías en Misiones. No obstante, considera fundamental garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho a participar en este proceso. Esa postura es respaldada por el Consejo Federal de Discapacidad, ya que la problemática de las irregularidades en las auditorías afecta a múltiples provincias del país.
