Un agujero financiero de 1,2 billones de pesos expone la crisis del Programa de Atención Médica Integral (Pami), la obra social que atiende a más de cinco millones de jubilados y pensionados en todo el país. La eliminación del Impuesto País a finales de 2024 dejó sin financiamiento al organismo y la asistencia prometida por el Tesoro no se concretó, lo que derivó en un desfinanciamiento por parte de Nación que ya provoca cierres de clínicas, falta de medicamentos y renuncias en la conducción.
De los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado este año por el Impuesto País, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo solo compensó 1,6 billones en el presupuesto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta julio la asistencia del Tesoro fue de 0,9 billones, una caída del 28,7 % en términos reales respecto del mismo período de 2025.
En julio, la ayuda se redujo a 0,1 billones, lo que implicó un recorte del 16,8 % en términos reales. El impacto se refleja en todo el país con clínicas cerradas y prestaciones suspendidas.
Clínicas cerradas y deuda millonaria
El Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, dejó de atender a 15 mil afiliados. “La reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles”, explicó Silvia D’Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, y reclamó una suba superior al 100 % para que el sector vuelva a funcionar.
En Neuquén, los diputados Darío Martínez y Darío Peralta denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos con las clínicas y presentaron un proyecto para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Renuncias en la conducción del Pami
La crisis financiera se combina con movimientos internos. En las últimas horas renunciaron Juan Cruz Montero, coordinador ejecutivo, y Florencia Zicavo, síndica del organismo. Montero fue reemplazado por la abogada y escribana Verónica Gabriela Pérez, presentada por el asesor presidencial Santiago Caputo.
Montero, según fuentes oficiales, se dedicará a competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield. En el caso de Zicavo, su salida fue “por motivos personales”, aunque su breve paso por el cargo —apenas cuatro meses— abrió distintas lecturas.
La sindicatura, encargada de supervisar procesos internos y el manejo de recursos, quedó vacante tras la salida de Zicavo. En mayo, el Gobierno transfirió 580.000 millones de pesos al Pami para cancelar compromisos con proveedores, pero el propio organismo definió su situación como “crítica”.
Los recortes de prestaciones se multiplicaron en los últimos meses y el panorama es cada vez más incierto. Con deuda acumulada, clínicas cerradas y vacíos en la conducción, el Pami atraviesa una crisis inédita que golpea directamente a millones de jubilados.
