Este lunes, comerciantes informales conocidos como paseros cortaron el tránsito en la cabecera paraguaya del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en Encarnación. La protesta responde al endurecimiento de los controles fronterizos tras una investigación por una presunta red de coimas. El paso se encuentra interrumpido de forma intermitente para visibilizar el reclamo.
La medida consiste en bloqueos totales que se levantan cada diez minutos y luego se retoman. La protesta apunta a las restricciones que afectan el traslado de mercaderías en el circuito informal entre Encarnación y Posadas.
Según explicaron desde el sector, la situación se agravó en los últimos días. “No estamos teniendo nuestro ingreso de tránsito vecinal fronterizo de pacotilla porque del otro lado no dejan pasar prácticamente nada”, afirmó Luis Cabo De Vila, titular de Resguardo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en Itapúa.
El funcionario señaló que el problema no responde al régimen vigente, sino a la investigación judicial en curso. “Estamos hace 10 o 12 días con esta problemática, no es régimen, es un problema entre ellos”, sostuvo. Además, remarcó que las restricciones impactan tanto en el ingreso de mercadería hacia Argentina como en las compras realizadas en Encarnación.
Desde el sector de paseros consideran que los controles son “desmedidos” y “abusivos”, especialmente contra quienes cruzan con productos en pequeñas cantidades. Sin embargo, aclararon que la medida no afecta a los turistas o compradores particulares, ni al funcionamiento del tren internacional, que opera con normalidad.
Investigación en curso
El conflicto se da en el marco de una causa que investiga una presunta red de coimas para facilitar el paso ilegal de mercaderías en la frontera. El expediente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, a cargo de la secretaría de María Trinidad Fierro.
En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios de agentes de Aduana y efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, además de dependencias oficiales en Posadas. La investigación, que alcanzaría a unas 50 personas, apunta al delito de cohecho pasivo, que prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Mientras avanza la causa judicial, la tensión en la frontera se mantiene y los cortes generan demoras en uno de los principales pasos internacionales de la región.
