La Justicia de Chubut dio a conocer la condena del empresario culpable de la matanza de pingüinos en Punta Tombo, de tres años y sin cárcel.
Se conoció la sentencia para el empresario y productor ganadero Ricardo La Regina, considerado culpable en la causa de la matanza de pingüinos en Punta Tombo. El hecho tuvo lugar en 2021, y recibió una condena de tres años con ejecución condicional y no irá a la cárcel.
El tribunal integrado por las juezas María Laura Martini, Carlos Richeri y Eve Ponce dio a conocer por escrito y de forma electrónica a las partes la condena del autor de la matanza de pingüinos. En ese marco, detallaron que por voto mayoritario se le impuso a La Regina “una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas”. Además, finaron en un fallo de más de 300 carillas las reglas que el productor deberá cumplir, “bajo apercibimiento de revocarse el carácter condicional de la pena en caso de no cumplir con lo dispuesto”.
Todas las medidas de la condena al empresario culpable de la matanza de pingüinos
Por otra parte, La Regina deberá pagar las costas del proceso, abstenerse de circular por la zona en vehículos de gran porte, tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización y deberá colaborar con las tareas de restauración del medio ambiente de la zona. De esta manera, argumentaron, permitirá el acceso a las autoridades competentes para realizar tareas necesarias en la Estancia “La Perla”, ubicada en el departamento Florentino Ameghino, de la provincia de Chubut.
Los magistrados también dictaron una medida cautelar que ordena la intervención inmediata del estado provincial para garantizar la preservación del medio ambiente en toda el área. Para esto, las autoridades provinciales deberán determinar acciones para proteger el ecosistema afectado. Incluso, deberán definir áreas y medidas concretas para la preservación ambiental e informar al tribunal sobre los avances en un plazo inicial de 60 días y posteriormente cada cuatro meses durante tres años.
Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de una máquina retroexcavadora, utilizada en la comisión de los delitos, la cual se pondrá a disposición del Superior Tribunal de Justicia.
Un precedente para el ámbito judicial y ambiental
Para el Ministerio Público Fiscal de Chubut se trata de un fallo que sienta un precedente para la justicia ambiental en el país. “La sentencia demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego. Además, subraya el papel esencial de los fiscales como guardianes de la naturaleza y la ley”, expresaron.
El pasado 7 de noviembre, el productor ganadero Ricardo La Regina se consideró culpable de la matanza de pingüinos en Punta Tombo, ocurrida en 2021. El tribunal de Chubut expresó que “esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”.
Los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini dictaminaron que La Regina “es autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal”.
“Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, expresaron en aquel momento desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
El juicio oral comenzó el 28 de octubre y allí el empresario recibió la acusación de los delitos de daño agravado y crueldad animal por haber provocado “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.
Qué ocurrió en Punta Tombo y el impacto que generó
De acuerdo a la investigación, el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”.
Además, se le imputó la instalación de un alambre electrificado, también sin permisos, que “habría afectado el entorno de los pingüinos”.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado para que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
La gravedad de los hechos y una reparación insuficiente
Durante la etapa de alegatos la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.
Asimismo, destacó que la “acción efectuada con una máquina retroexcavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichones de pingüinos durante su etapa reproductiva”.
“Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, concluyó.
Con información de El Diario Ar.
