La jueza federal María Servini dejó sin efecto la intervención del Partido Justicialista de Salta que había dispuesto la conducción nacional del PJ. La medida apuntaba contra las autoridades salteñas por su cercanía con legisladores que apoyaron proyectos del presidente Javier Milei. Sin embargo, la magistrada consideró que ese argumento no justificaba una intervención partidaria.
El fallo trascendió este martes, pocas horas antes del inicio del Congreso Nacional del PJ. La reunión, convocada por Gildo Insfrán vía Zoom, tenía en su temario la ratificación de la intervención salteña. En esa decisión, el kirchnerismo había designado a dos dirigentes de su confianza para dirigir el distrito: Sergio Berni y María Luz Alonso.
La resolución de Servini para evitar la intervención del PJ en Salta
En su resolución, Servini sostuvo que “los argumentos esgrimidos por la autoridad nacional no constituyen una fundamentación razonable de la decisión de intervenir el distrito”. Además, subrayó que “carecen de elementos concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza”. En su análisis, la jueza afirmó que el conflicto solo revela “la diferencia de criterios entre la entidad distrital y la nacional, en relación a la acción política del partido”.
Servini también remarcó que el Consejo Nacional del PJ tomó la decisión sin contar con la intervención del Congreso partidario. Según explicó, ese órgano representa el ámbito legítimo para definir una intervención. Por esa razón, cuestionó tanto la legalidad como la legitimidad del procedimiento.
La intervención se había motivado en el voto favorable de legisladores salteños a iniciativas de Milei. Entre ellas, destacaba el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Los diputados Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, integrantes del bloque Innovación Federal, apoyaron esos proyectos.
La interna, a flor de piel
La conducción nacional del PJ consideró esa actitud como una ruptura con el ideario del partido. En el acta del Consejo Federal se expuso que “algunos legisladores nacionales del Partido Justicialista del distrito Salta votaron favorablemente leyes que van en contra del ideario del Partido Justicialista”. Sin embargo, Servini descartó ese argumento como causa suficiente para intervenir la estructura provincial.
“La sola referencia hecha en el Acta del Consejo Nacional Federal a que algunos de los diputados nacionales de la provincia de Salta habrían votado en sentido diferente al que algunos de sus colegas del mismo partido, tampoco resulta fundamento suficiente para disponer la intervención de un distrito”, concluyó Servini en su escrito.
La jueza consideró que ese tipo de disidencias puede surgir en cualquier partido y en cualquier proyecto. Según explicó, esas diferencias “no constituyen una anormalidad en el funcionamiento de los partidos”. En ese sentido, afirmó que la intervención “carece de legitimidad” porque no existió “una causa justa, lícita y necesaria” que la avale.
Además, Servini descartó que el PJ salteño atravesara una situación crítica. En su análisis, indicó que no encontró “situaciones de conflicto que no cuenten con posibilidad de solución” ni “anormalidades institucionales que pongan en peligro la existencia del partido”. Tampoco observó un “marco de desgobierno” ni “situaciones de acefalía” o “incumplimiento de obligaciones legales”.
El respaldo hacia el oficialismo
El PJ salteño había respaldado la candidatura de Gustavo Sáenz, que compite con un frente provincial propio. Por efecto de la intervención, el justicialismo se presentó por fuera de esa alianza en las elecciones del 11 de mayo y no consiguió representación legislativa.
Antonio Hucena, secretario general del PJ salteño, celebró el fallo de Servini. “Pedimos la nulidad de la medida arbitraria de Cristina Fernández”, declaró a La Nación. También calificó las razones de la intervención como “caprichosas y arbitrarias”. Hucena adelantó que esperarán la notificación formal para recuperar el control del partido.
La resolución de Servini podría sentar un precedente. En su juzgado también se tramita una causa similar por la intervención del PJ de Misiones, que sigue bajo control de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez. Ese distrito, al igual que el de Salta, apoyó en 2023 a Ricardo Quintela cuando intentó disputar la presidencia del PJ nacional frente a Cristina Kirchner.
Por ahora, el fallo de Servini le puso un freno al avance de la conducción nacional del PJ sobre las provincias. El conflicto expone una interna latente dentro del peronismo, que enfrenta divisiones profundas sobre su rol frente al Gobierno de Javier Milei.
