El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de reformas que apunta a reducir estructuras estatales, recortar gastos y redefinir funciones en varios organismos públicos. En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lidera un proceso de ajuste que se concentra especialmente en áreas sensibles como el agro, el trabajo, la industria y el transporte.
Uno de los principales objetivos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente del secretario Sergio Iraeta. Allí se planifica una poda presupuestaria, despidos masivos, cierre de sedes y un cambio profundo en el sistema de gobernanza. También se baraja la posibilidad de vender campos o propiedades del organismo.
El INTA, uno de los principales puntos en el paquete de reformas para achicar gastos
“El presupuesto del INTA es el equivalente a la mitad de las retenciones del maíz: tiene 6.000 personas, 3.000 vehículos y necesita un rediseño integral”, afirmó recientemente Sturzenegger. Con ese argumento, el Ejecutivo busca justificar un recorte que ya despertó fuertes críticas entre referentes del agro.
La reforma del INTA encendió la alarma en la Mesa de Enlace, facultades del sector y entidades como AACREA. Estas organizaciones controlan ocho de los once asientos del directorio, mientras que el Ejecutivo solo posee tres. El Gobierno pretende cambiar ese esquema y concentrar más poder de decisión. La iniciativa ya generó tensiones internas y preocupación por el posible debilitamiento del vínculo entre el Estado y el sector productivo.
En paralelo, el Gobierno también puso la mira sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que depende de la Secretaría de Industria y Comercio. La intención es incorporar a este organismo, junto con otros descentralizados, a la administración central. Esa maniobra permitiría aplicar recortes más fácilmente y eliminar funciones que el Ejecutivo considera duplicadas.
Senasa y ANMAT, también bajo la lupa
Entre los organismos señalados también figuran el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Especialistas en salud y agroindustria ya expresaron su preocupación. Temen una posible caída en los estándares de control y calidad si el Gobierno reduce estructuras sin criterios técnicos.
Desde el entorno de Sturzenegger explican que cada reforma se coordina con los ministerios y con el área de Legal y Técnica. “Si hay funciones duplicadas, se reducirán cargos”, señalaron fuentes oficiales.
El ajuste también se extiende a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. El Ministerio de Economía ya intervino en las negociaciones paritarias y bloqueó la homologación del acuerdo de Comercio por superar el tope salarial del 1% mensual. En ese marco, el Ejecutivo evalúa trasladar competencias laborales desde Trabajo hacia Economía, siguiendo ejemplos históricos como los de Álvaro Alsogaray en los años 60 y Mauricio Macri en 2018.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano ya eliminó 15 programas sociales en los últimos meses. Sin embargo, en el Gobierno creen que ese recorte aún resulta insuficiente. Circulan versiones sobre un reordenamiento más profundo de sus funciones y un mayor control sobre la asignación de recursos.
En materia de transporte, la reciente designación de Luis Pierrini al frente del área marcó el inicio de otra etapa de revisión. Uno de los focos está puesto en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde circuló un proyecto para eliminar más de 1.300 cargos mediante despidos, retiros voluntarios y eliminación de jerarquías. Desde ANAC aclararon que ese plan no cuenta con aval oficial y que lo presentó un exdirector que ya renunció.
Mientras tanto, el ministro Sturzenegger acelera los tiempos. Planea aprovechar las facultades delegadas por la Ley Bases, que vencen el 8 de julio. Ya activó la resolución 63/2025, que permite dar de baja contratos en organismos descentralizados a partir del 1 de julio si los empleados no aprueban un examen de idoneidad.
Según cifras del Gobierno, el recorte ya afectó a 47.000 empleados públicos y generó un ahorro estimado en 2.000 millones de dólares. Aun así, los gremios del sector estatal aseguran que “lo peor aún no comenzó” y se preparan para una nueva etapa de conflicto.
