El Gobierno nacional continúa con su plan para reducir el gasto público y bajar la inflación y Federico Sturzenegger es una pieza clave. En paralelo a las medidas macroeconómicas, busca achicar costos y simplificar regulaciones. Por ello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lidera este proceso que abarca desde despidos en la administración pública hasta reformas en sectores clave como transporte, salud y comercio exterior.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno desvinculó a 47.000 empleados públicos. Así, redujo la planta de la administración central a 170.000 agentes, lo que representa un ajuste del 22%. Según datos oficiales, esa cifra ya es menor a los 220.000 cargos de las universidades nacionales. La gestión de La Libertad Avanza considera prioritario este recorte para ordenar las cuentas fiscales.
Los ámbitos apuntados por Sturzenegger para la reestructuración
En paralelo, Sturzenegger y su equipo trabajan en un plan de desregulación sector por sector. Primero abordaron el ámbito cultural. Luego, según anticipó el ministro, vendrán reformas en economía, salud y transporte. En este proceso, el Gobierno identificó al INTA como un organismo con alto nivel de gasto. “Gasta la mitad de las retenciones del maíz”, afirmó Sturzenegger para justificar la necesidad de rediseñar su estructura.
Entre los organismos bajo revisión se encuentran el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Aduana y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En estos casos, el Gobierno aún no difundió detalles específicos, aunque anticipó que aplicará recortes y simplificaciones.
El caso de la Aduana ya está en etapa avanzada. El Ejecutivo conformó una comisión de seis miembros para revisar las normas de comercio exterior. Participan funcionarios del Ministerio de Desregulación, de la Secretaría de Coordinación de Producción y de la propia Aduana. El objetivo principal consiste en eliminar barreras burocráticas y facilitar las operaciones.
La reducción de regulaciones en ANMAT
Con respecto a ANMAT, en el Gobierno consideran que existen regulaciones excesivas. Actualmente, se realizan 900 trámites a través del organismo. Según la evaluación del Ministerio de Desregulación, esa cifra debería reducirse a la mitad. Buscan que los procesos sean más ágiles y menos costosos para empresas y usuarios.
Además, Sturzenegger anunció una “revolución de los seguros”. Planteó que los argentinos puedan contratar pólizas en el exterior, incluidas las agrícolas y de vida. Para el Gobierno, no tiene sentido mantener la actual prohibición que impide asegurar cultivos como el maíz contra granizo con aseguradoras extranjeras.
Otro de los ejes de la transformación estatal es el transporte. El Gobierno prevé concesionar al sector privado el uso de las vías ferroviarias. También planea vender trenes y locomotoras a empresas particulares. Con esta medida, grandes productores —como las cerealeras— podrían operar sus propios trenes para transportar mercadería a los puertos.
El sector agropecuario
En el plano agropecuario, el Gobierno explora importar vacunas contra la aftosa desde Colombia. Señalan que los laboratorios locales venden el producto a u$s1,20, mientras que en Uruguay se consigue por u$s0,40. La estrategia busca abaratar costos para los ganaderos, aunque sólo autorizarán compras externas a proveedores que cuenten con certificaciones reconocidas.
El lunes, Sturzenegger celebró una nueva reglamentación para la adjudicación de obra pública. Destacó que la norma puso fin a “70 años en los que imperó un sistema de cartelización”. Según explicó, antes existía “un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al ‘club’”.
Con esta reforma, el Gobierno eliminó la exigencia de experiencia previa para competir en licitaciones. Ahora, quienes no tengan obras construidas podrán acreditar patrimonio o garantías. Además, podrán participar empresas que trabajen en el exterior o que antes se dedicaban solo a obras privadas. “Se termina el sistema de la capacidad constructiva que era el corazón del sistema anterior”, sentenció el ministro.
Abandonar la obra pública
Pese a esta apertura, desde la cartera que lidera Sturzenegger insisten en que el Estado debe retirarse de la obra pública. Señalan que la red vial nacional suma 40.000 kilómetros, frente a 200.000 de rutas provinciales y 600.000 de caminos municipales. En ese contexto, consideran que las provincias y municipios deben coordinar con el sector privado el desarrollo de la infraestructura.
Finalmente, el ministerio también analiza la situación de las provincias. Realiza un estudio sobre cuánto podrían bajar los impuestos locales si se recortan los gastos administrativos. Este cálculo servirá como insumo para la campaña política de los referentes de La Libertad Avanza en el interior del país. La consigna es replicar en cada jurisdicción el ajuste aplicado a nivel nacional.
