Luego de meses de inactividad, el Gobierno finalmente organizó el primer encuentro del demorado Consejo de Mayo, que se reunirá el próximo martes en la Casa Rosada para debatir principalmente una reforma laboral. De acuerdo con lo que precisaron fuentes vinculadas a los miembros del cuerpo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los recibirá en el Salón de los Escudos a partir de las 9:00.
Las gestiones las llevó adelante el funcionario que, tal como anticipó este medio, buscaba acelerar el diálogo con el mencionado organismo multisectorial para marcar la agenda en el Congreso. ”La idea es comenzar a tratar todos los temas que están pendientes, pero también determinar cómo va a trabajar el grupo y ponernos en contacto. Es el primer encuentro y es un hecho sin antecedentes, así que se dará el puntapié inicial”, señaló una fuente oficial.
Actualmente, los legisladores están discutiendo diferentes proyectos impulsados por la oposición, como un aumento a las jubilaciones, que la administración de Javier Milei considera que perjudican el orden fiscal. Por esta razón, las autoridades nacionales quieren sumar al debate nuevas iniciativas y empezarían por una modernización laboral, por lo que se definió convocar al Consejo, creado el año pasado después de la firma del Pacto de Mayo.
Una reforma laboral “moderna”
Recientemente, un pequeño grupo de gobernadores -que hablaron en nombre de las 24 jurisdicciones- visitó a Francos en Balcarce 50 para reclamarle por la caída de los ingresos tributarios y plantearle medidas para compensar esta pérdida.
Los mandatarios provinciales, en tanto, tenían previsto encontrarse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para seguir analizando las cifras de recaudación y conversar sobre los pedidos que le acercaron al jefe de Gabinete.
Puntualmente, le propusieron coparticipar el fondo remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación especifica que la Nación no está ejecutando.
En la mesa de discusión estarán también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en nombre del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora radical Carolina Losada y el diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por el Congreso; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el titular de la UIA Martín Rappallini, como enviado del sector empresarial.
El grupo tiene la misión de plasmar en proyectos de ley los diez puntos que el presidente Milei acordó con un conjunto de mandatarios provinciales en el Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio pasado en la Casa Histórica de Tucumán.
Solamente Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no adhirieron a la propuesta.
El Consejo de Mayo
El texto en cuestión establece el compromiso de acordar políticas de Estado que respeten la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
También plantea la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
Los gobernadores cuestan con un informe que indica que los fondos que reciben de Nación en concepto de coparticipación se van a reducir un 4,2% respecto de 2024.
Las provincias cuestionan algunas de las medidas de la actual gestión, como los cambios en los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados o la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.
