La Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar las condiciones impuestas a Cristina Kirchner en su arresto domiciliario, específicamente en lo que respecta al régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal N° 2 había limitado el acceso a su domicilio únicamente a familiares, abogados, médicos y custodios, exigiendo autorización judicial para cualquier otra persona.
La defensa de la ex presidenta, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, apeló esa decisión. Alegaron que el marco legal no autoriza a los jueces a imponer restricciones adicionales a quienes cumplen prisión domiciliaria. “No está previsto en ninguna norma que se limiten las visitas más allá del cumplimiento de la pena”, argumentaron en el escrito presentado.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el pedido inicial de reconsideración. En su fallo afirmaron que la defensa presentó el planteo fuera de los plazos procesales y que no logró desvirtuar los fundamentos de la resolución dictada el pasado 17 de junio. A pesar de eso, el recurso fue elevado a Casación, donde ahora intervendrá la Sala IV.
El tribunal encargado de revisar el caso está compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron anteriormente la condena en la causa “Vialidad”. Esa sentencia impuso a Cristina Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Qué restricciones impuestas se podrían cambiar
Además de las visitas, la Cámara podría revisar otros aspectos del cumplimiento de la pena. Entre ellos, la colocación de una tobillera electrónica, medida que la defensa también cuestionó, argumentando que la custodia oficial es suficiente para garantizar su permanencia en el domicilio.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían rechazado la prisión domiciliaria desde el inicio. “No se presentan razones humanitarias ni médicas que justifiquen una medida excepcional”, señalaron en su dictamen. Según su planteo, no hay condiciones que impidan que la condenada cumpla su pena en una cárcel común.
El debate ahora sigue en la Cámara de Casación, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las condiciones impuestas. Tanto la fiscalía como la defensa cuentan con plazos habilitados para presentar nuevos argumentos y apelaciones.
