Los fondos Burford Capital y Eton Park, principales beneficiarios del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, manifestaron su intención de negociar con el Gobierno argentino una alternativa de pago que evite el desembolso inmediato de los más de USD 16.000 millones que fijó la Justicia estadounidense. La propuesta se conoció luego de que la jueza Loretta Preska ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera, hoy en manos del Estado.
Los demandantes reconocieron que cobrar en efectivo o recibir directamente los títulos de la compañía resultaría “prácticamente imposible”. Por eso, dejaron trascender que aceptarían una solución basada en bonos y pagos escalonados, lo que facilitaría una eventual negociación con la administración de Javier Milei. La posibilidad se evaluó desde que comenzó el gobierno libertario, momento en el que el propio Presidente había planteado su interés por privatizar la empresa.
Para encauzar ese diálogo, Burford contrató a Gerardo “Gerry” Mato, ex banquero argentino con fuerte influencia en Nueva York, quien trabajó en HSBC y Merrill Lynch. Mato también integró instituciones de alto nivel como el Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, lo que lo posicionó como un interlocutor relevante en la estrategia de lobby del fondo británico.
Qué hará el Gobierno con el caso YPF
En 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar una suma millonaria por irregularidades en el proceso de expropiación de YPF, ejecutado durante el gobierno kirchnerista. La magistrada consideró que el país ignoró los derechos de otros accionistas mientras indemnizaba solamente a la firma española Repsol. Desde entonces, la cifra creció con intereses y ya superó los USD 17.000 millones.
El Gobierno argentino ya anunció que apelará el fallo. El proceso ante la Corte de Apelaciones de Nueva York puede demorar más de un año e incluye etapas intermedias como la presentación de argumentos orales. Además, la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) también presentó un recurso para revertir la sentencia, aunque Preska lo rechazó.
Mientras tanto, Burford impulsa nuevas acciones dentro del tribunal neoyorquino. Entre ellas se destacan pedidos de embargo y presentaciones para demostrar que el Estado argentino y YPF funcionan como una sola entidad. Esta estrategia busca aumentar la presión sobre el gobierno de Milei para que se siente a negociar antes de que avance el proceso judicial.
El negocio de los litigios en Norteamérica
En paralelo, surgieron movimientos políticos en Estados Unidos que podrían afectar el negocio de los fondos que financian litigios. El senador republicano Thomas Tillis presentó un proyecto de ley para imponer una carga impositiva superior al 40% a estas compañías, lo que pondría en riesgo su rentabilidad. La iniciativa, conocida como una ley espejo del plan fiscal de Donald Trump, generó revuelo en el sector. Sin embargo, habría perdido impulso tras la reacción del expresidente. Finalmente, Tillis anunció que no buscará la reelección, lo que debilitó el futuro de esa propuesta.
La decisión de Preska de ordenar la entrega de acciones a los fondos litigantes se interpretó también en ese contexto político. De extracción republicana, la magistrada falló justo después del retroceso del proyecto de ley, lo que algunos analistas interpretaron como un mensaje en doble dirección: hacia el Gobierno argentino, para intensificar la presión, y hacia los sectores conservadores estadounidenses que intentan regular con más fuerza al negocio de litigios.
La estrategia de Milei y su equipo de gobierno
Desde el entorno de Milei, aseguraron que apelarán todos los aspectos del fallo. También señalaron que buscarán proteger los activos estatales y defender los intereses nacionales frente a la estrategia de Burford. La Casa Rosada considera injusta la condena, ya que cuestiona una decisión soberana de política energética tomada hace más de una década.
Mientras tanto, los fondos siguen enviando señales de apertura al diálogo. El objetivo es acordar una modalidad de pago que combine títulos públicos con vencimientos a largo plazo y, posiblemente, una parte en efectivo. El tiempo para definir ese esquema se reduce, ya que la jueza Preska fijó un plazo de 14 días para que la Argentina entregue el paquete accionario de YPF, lo que podría implicar una pérdida significativa para el Estado si no se logra revertir la medida en instancias superiores.
