En las próximas horas, el directorio del Fondo Monetario Internacional se reunirá para aprobar el acuerdo a nivel staff con Argentina. La decisión, que el Gobierno espera desde hace semanas, implicaría el desembolso de u$s2.000 millones. Este respaldo podría reforzar las finanzas públicas en un contexto marcado por desequilibrios fiscales y crecientes presiones sobre el mercado cambiario.
El encuentro en Washington se desarrolla mientras el Gobierno de Javier Milei ejecuta un giro de política económica que combina la flexibilización del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés y la compra de reservas. Esta reconfiguración responde a señales del organismo y a la necesidad urgente de ordenar el frente externo.
En este marco, Milei permitió que el tipo de cambio oficial superara los $1.300. Esta decisión rompió un nuevo récord, con un deslizamiento más pronunciado respecto de semanas anteriores. Así, el Ejecutivo abandonó temporalmente la postura inicial de mantener el dólar controlado. Ahora, apuesta a una estrategia más pragmática que busca evitar tensiones mayores antes de las elecciones legislativas de octubre.
El informe del FMI del que tomó nota el gobierno
El Fondo había emitido un informe crítico sobre el estancamiento en la acumulación de reservas. La respuesta del Gobierno no tardó: además de permitir el ajuste del tipo de cambio, el Tesoro comenzó a sumar divisas. En pocos días, incorporó más de u$s1.000 millones con el objetivo de mostrar voluntad política y ganar margen en la negociación de nuevas metas.
Sin embargo, alcanzar los niveles acordados para septiembre sigue siendo difícil. El programa prevé acumular u$s9.000 millones, una meta que el Gobierno ya reconoció como improbable. Por eso, busca un rediseño del calendario y menores exigencias. A cambio, el Ejecutivo ofrece señales de compromiso en otras áreas.
Una de esas señales llegó con la reciente suba de la tasa de referencia al 65% anual. En la última licitación, el Tesoro colocó unos $9 billones en letras y bonos. Pese a ese volumen, sólo logró cubrir el 76% de los vencimientos. Unos $2 billones quedaron sin absorber, lo que podría traducirse en mayor presión sobre el dólar.
El mercado interpretó esta suba como un intento de contener expectativas de devaluación. También, como un estímulo para sostener el llamado “carry trade”, el negocio financiero basado en tasas altas y estabilidad cambiaria. No obstante, el costo fiscal de esta decisión se disparó. Algunos analistas advierten que la medida podría ser difícil de sostener en el mediano plazo.
En paralelo, el Tesoro comenzó a intervenir en el mercado de cambios. Hasta ahora, esa tarea recaía exclusivamente en el Banco Central. La compra directa de dólares por parte de la cartera económica representa un giro inesperado en la estrategia oficial. También marca una ruptura con la promesa inicial de no emitir pesos para adquirir divisas.
Desde el oficialismo confían en que el desembolso del FMI reforzará esta nueva etapa. En la Casa Rosada sostienen que los u$s2.000 millones enviarán una señal positiva a los inversores y darán oxígeno financiero hasta fin de año. En un contexto de volatilidad, el Gobierno apuesta a que el ajuste cambiario y el respaldo externo estabilicen las expectativas.
El dólar oficial ya se aproxima al techo de la banda de flotación, que actualmente supera los $1.400. Este nuevo valor genera preocupación por su impacto en precios. La suba de la tasa al 65% apunta justamente a evitar un traslado inmediato a la inflación. Sin embargo, la colocación parcial en la última licitación mostró que los inversores todavía exigen condiciones más atractivas.
El Ejecutivo considera que la clave está en mantener un equilibrio entre el ajuste del tipo de cambio y la acumulación de reservas. La modificación de las metas con el FMI ya está en marcha. Fuentes del Palacio de Hacienda señalan que el objetivo no es abandonar los compromisos, sino adaptarlos a la realidad económica del país.
El Banco Central optó por mantenerse al margen de la intervención directa. Esta postura permitió que el tipo de cambio se deslice con mayor libertad. En ese contexto, el Tesoro asumió un rol más activo para evitar una brecha excesiva entre el dólar oficial y los financieros. La intervención, aunque puntual, busca evitar un salto abrupto que desordene el escenario preelectoral.
El Gobierno todavía no definió cómo enfrentará septiembre, un mes clave para la política económica. La falta de reservas y el escaso margen para aumentar el endeudamiento interno generan incertidumbre. En este contexto, el desembolso del FMI se vuelve una pieza central del rompecabezas.
Los analistas advierten que la estrategia oficial implica un riesgo. Si el Fondo no aprueba el nuevo esquema, el Gobierno podría quedarse sin recursos para sostener la hoja de ruta. Por eso, en el entorno de Milei apuestan a una negociación política que incluya concesiones mutuas. El cambio de tono en el discurso oficial refleja esta intención.
Mientras tanto, los mercados seguirán de cerca la reunión del directorio del FMI. Su decisión no solo habilitará un desembolso clave, sino que también marcará el respaldo o no a la nueva estrategia argentina. El resultado definirá el margen de maniobra del Gobierno en los meses previos a las elecciones.
