Se cumplió un año de uno de los operativos policiales más resonantes en la historia reciente de Misiones: la captura del entonces diputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de integrar una red de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
El caso, que conmocionó a la opinión pública y al ámbito político provincial, derivó en severas condenas. Germán Kiczka recibió 14 años de prisión, mientras que su hermano Sebastián quedó sentenciado a 12 años, tras considerarse probada la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil agravado.
Una fuga y dos operativos que impactaron al país
En septiembre de 2024, el exlegislador misionero se encontraba prófugo luego de que la Cámara de Representantes aprobara el retiro de sus fueros. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional de Interpol y tras seis días de búsqueda, fue localizado en Loreto, Corrientes, dentro de un bungalow. La detención fue posible gracias a un operativo conjunto de la Policía de Corrientes, fuerzas federales y efectivos misioneros, luego de un llamado que resultó determinante.
Horas antes de su captura, habían trascendido audios en los que Kiczka pedía a un allegado alojamiento en un hotel céntrico de Puerto Iguazú, una de las zonas más vigiladas por las fuerzas de seguridad. Finalmente hallado a más de 200 kilómetros de su residencia en Apóstoles.
La situación de su hermano Sebastián Kiczka, de 47 años, no fue distinta. Estuvo prófugo hasta que la Policía de Misiones montó un operativo cerrojo en la zona rural de San Juan de la Sierra. Allí fue encontrado en estado de deterioro físico, deshidratado y alimentándose de limones. Según los voceros policiales, “parecía un pordiosero”, lo que evidencia las condiciones en las que intentaba escapar de la justicia.
Un escándalo político y judicial
El impacto institucional fue inmediato. Kiczka, quien pertenecía al partido provincial Activar, liderado por el diputado Pedro Puerta, había intentado presentar su renuncia a la banca, pero la Legislatura la rechazó y avanzó con su suspensión y quita de fueros. A partir de ese momento, se ordenó también la suspensión del pago de su dieta.
La investigación, dirigida por el juez Miguel Faría de Apóstoles, se inició luego de que se comprobara que los hermanos compartían material de abuso sexual infantil. Los allanamientos en sus viviendas y la posterior fuga terminaron por agravar la situación judicial de ambos.
Doce meses más tarde, el caso sigue recordado como un punto de inflexión en la lucha contra los delitos informáticos y las redes de explotación infantil en la región. La captura de los hermanos Kiczka marcó un precedente en la justicia provincial y abrió un debate profundo sobre los mecanismos de control y la responsabilidad institucional cuando se ven involucrados funcionarios públicos en hechos de extrema gravedad.
