Este martes, Misiones sumará nuevas firmas de personas afectadas ante las bajas irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Así lo detalló la coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez. Además, advirtió sobre confusiones y posibles irregularidades en las auditorías de pensiones que se realizan en la provincia. Señaló falsificación de firmas, falta de accesibilidad y presencia de militantes políticos en lugar de profesionales de la salud.
Las auditorías sobre pensiones no contributivas que se desarrollan en distintos puntos de Misiones generaron fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones y referentes sociales. Antúnez, señaló que existen situaciones confusas, con procedimientos irregulares y un impacto directo en miles de beneficiarios que dependen de esta asistencia económica para su subsistencia.
Según explicó en diálogo con FM Show, los certificados que se están entregando en el marco de estas auditorías no son de invalidez, sino constancias de asistencia que deben cargarse en la plataforma de trámites o entregarse en las oficinas de ANSES. Estos papeles solamente sirven para acreditar la presencia de la persona convocada por carta documento. “Los certificados que están entregando en las auditorías no son de invalidez, sino de asistencias que las personas deben cargar en la plataforma o entregar en ANSES. Esto le sirve a las personas para que figure su presencia en la auditoría a la que fueron citados”, precisó.
Confusión por los alcances de las auditorías
La funcionaria remarcó que una de las principales confusiones tiene que ver con el tipo de pensiones bajo revisión. Señaló que no se trata únicamente de pensiones por discapacidad, sino también de otros beneficios. “Las pensiones por invalidez laboral fueron entregadas a tres tipos de figuras: discapacidad, vejez y madre de siete hijos. Entonces, debemos aclarar que no se audita solamente a las personas con discapacidad”, subrayó.
Esa situación llevó a que se instalara en la opinión pública la idea de que solo se estaba revisando a la población con discapacidad. “Esa es la confusión que se generó y por la cual muchas personas salieron a decir ‘tantas personas con discapacidad’. Están auditando a toda esa población y es por eso que hay muchas personas que no tienen discapacidad que están en esas largas filas”, aclaró Antúnez.
En Misiones existen actualmente alrededor de 75 mil pensiones no contributivas, de las cuales 80 mil eran las otorgadas en total y 5 mil ya fueron dadas de baja. Según precisó la coordinadora, esas bajas afectan específicamente a la población con discapacidad que percibe pensiones por invalidez laboral.
Falsificación de firmas y rechazo de comprobantes
Otro de los puntos señalados por Antúnez tiene que ver con la validez de los certificados entregados en las auditorías. Según denunció, algunos documentos se emitieron con firmas falsificadas. “En este caso lo que sucede en estas auditorías es que se entregan certificados donde se utilizó la firma del doctor Peñalosa que fue falsificada. Este profesional presentó la denuncia penal. Por otro lado, otra situación del doctor Lapetina que estuvo presente, pero no firmó ninguno de los comprobantes de asistencia. Todas eran fotocopias, por lo que ANSES rechaza esas presentaciones”, relató.
La situación genera mayor incertidumbre entre los beneficiarios, ya que muchos de ellos se encuentran con trámites rechazados por irregularidades que no les son atribuibles.
Misiones suma reclamos judiciales y pedido de accesibilidad
Frente a este panorama, Misiones presentó una acción de amparo para garantizar los derechos de los beneficiarios. Antúnez explicó que la medida judicial se sustenta en la acumulación de pruebas que surgen cada semana. “Nosotros trabajamos en el amparo porque cada vez se juntan nuevas pruebas. Queremos que se audite, que las personas a las que les corresponde cobrar lo hagan. Acá no hay médicos, son todos militantes de La Libertad Avanza”, denunció.
La funcionaria añadió que la falta de accesibilidad en el mecanismo de auditoría constituye otra de las principales objeciones. “Parte de nuestro reclamo surge porque este mecanismo no tiene accesibilidad. Trabajamos para llegar hoy con la medida de amparo y salimos a buscar la firma de todos los damnificados. Tenemos un listado de 270 personas, donde nos dieron la conformidad para esta medida judicial. Además, vamos a utilizar algunos casos testigo y vamos a presentar todas las pruebas que surgieron en estos últimos días referidas a las auditorías y su mal procedimiento”, sostuvo.
Irregularidades en la organización
Antúnez también cuestionó el modo en que se llevan adelante las auditorías en el interior de la provincia. Citó como ejemplo lo ocurrido en el municipio de 25 de Mayo, donde las personas fueron citadas a un lugar distinto del que figuraba en las notificaciones oficiales. “Las auditorías de este martes en 25 de Mayo no se realizan en un hospital, sino en una iglesia de la ciudad que no es el domicilio al que fue citada la gente. Los reciben militantes de La Libertad Avanza. Muchos de ellos no se identifican. Dicen ser de una empresa privada, después dicen que trabajan para el PAMI o ANDIS. Uno realmente no sabe qué sucede porque no hay claridad de los hechos”, denunció.
Una situación de creciente tensión
Las declaraciones de Antúnez reflejan la tensión que atraviesa la provincia en torno a las auditorías de pensiones. Por un lado, se reconoce la necesidad de realizar controles para garantizar transparencia y legalidad en el sistema. Por otro lado, se multiplican las denuncias de beneficiarios y organizaciones que señalan arbitrariedades, falta de información clara, ausencia de profesionales médicos y vulneración de derechos básicos de accesibilidad.
En ese marco, el amparo judicial busca no solo proteger a los damnificados actuales, sino también sentar un precedente sobre la manera en que deben llevarse a cabo este tipo de procesos.
“Queremos que las personas que tienen derecho a cobrar lo hagan. Que se respete la legalidad y la accesibilidad. Y que las auditorías se hagan con profesionales capacitados, no con militantes políticos”, mencionó Antúnez.
