La resolución fue emitida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Rechazó el planteo argentino sobre la prescripción de la demanda y confirmó el criterio adoptado por la Corte de Distrito de Columbia.
El litigio tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Años después, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado argentino a pagar aproximadamente US$321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
Si bien la Argentina solicitó la anulación del laudo, ese planteo fue rechazado y la decisión quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos derivados del fallo como cesionario de Teinver y otros accionistas, y en 2021 inició en Estados Unidos el proceso para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo.
En 2024, la Corte de Distrito de Columbia desestimó el argumento argentino que sostenía que la acción había prescripto a los tres años. En cambio, determinó que el plazo aplicable era de 12 años y reconoció el laudo por un monto de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, cifra a la que deben sumarse los intereses posteriores a la sentencia.
La Argentina apeló esa decisión insistiendo en la aplicación del plazo de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó este martes el fallo de primera instancia, dejando firme el criterio de los 12 años y la obligación de afrontar el pago superior a los US$390 millones.
La respuesta de la Procuración del Tesoro
Tras conocerse la decisión judicial, desde la Procuración del Tesoro informaron que el Estado nacional analiza “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia”.
Además, señalaron que el litigio tiene origen en “la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.
