El presidente de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (Adinm) e intendente de Puerto Libertad, Fernando Ferreira, reiteró el rechazo de los municipios a la reforma de la Ley de Tierras y sostuvo que “los senadores deben votar negativamente porque se deben al cuidado de la sociedad misionera”. Además, insistió en que los legisladores nacionales representen los intereses de la provincia cuando el proyecto llegue al Senado.
Ferreira explicó que la postura surge de un consenso alcanzado junto a los intendentes que integran la Adinm y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (Codeim). En ese marco, ambas entidades difundieron un documento en el que expresan su rechazo a la iniciativa denominada Inviolabilidad de la propiedad privada, al considerar que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El jefe comunal señaló que la propuesta elimina herramientas centrales de la Ley 26.737, entre ellas el límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales y las restricciones por nacionalidad. También advirtió que la reforma alcanza inmuebles vinculados con cuerpos de agua y otras áreas consideradas estratégicas para la provincia.
Otro de los aspectos que cuestionó corresponde al denominado silencio administrativo positivo. Según explicó, ese mecanismo permitiría aprobar una operación si el Estado no responde dentro de los 180 días, incluso cuando involucre zonas de frontera o empresas con participación estatal extranjera.
Preocupación por el territorio y los recursos naturales de Misiones
En diálogo con LT 17 Radio Provincia de Misiones, Ferreira remarcó que Misiones enfrenta una situación distinta al resto del país por sus características geográficas y ambientales. En ese sentido, afirmó: “Si bien no es una buena reforma para toda la Argentina, para Misiones resulta aún peor porque tenemos recursos naturales que otras provincias no poseen”.
Al referirse al caso de Arauco, empresa que concentra gran parte de las tierras en Puerto Libertad, indicó que existe una buena relación institucional. Sin embargo, sostuvo que una mayor diversidad de propietarios facilitaría nuevas alternativas para la compra de materia prima y el desarrollo económico de la zona.
Asimismo, precisó que alrededor de 65 intendentes respaldan el documento impulsado por ambas organizaciones. También señaló que la autorización automática prevista en el proyecto reduce la capacidad de decisión de las provincias sobre su propio territorio y afirmó que quienes viven en Misiones conocen mejor las necesidades de desarrollo local.
El intendente aclaró que los municipios no rechazan las inversiones, aunque reclamó que cualquier proceso avance con planificación y participación provincial y municipal: “No estamos en contra del desarrollo, pero debe existir planificación para definir qué resulta mejor para la sociedad, cuidando también la ecología y el medio ambiente”.
Finalmente, Ferreira cuestionó el nombre del proyecto y sostuvo que la propiedad privada ya cuenta con protección constitucional. Además, reclamó que los senadores por Misiones fundamenten públicamente el sentido de su voto y concluyó: “Cada voto debe justificarse ante la sociedad, porque son los ciudadanos quienes nos dan la responsabilidad de administrar y defender los intereses de nuestras comunidades y de toda la provincia”.
