El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región al pago de un millón de reales, equivalente a unos 189.000 dólares, por daños morales colectivos debido a expresiones racistas formuladas durante su mandato. El fallo fue unánime e incluyó la obligación de retractarse públicamente “dirigida a la población negra” a través de medios de comunicación nacionales y en sus propias redes sociales. El tribunal determinó que el daño fue causado a la sociedad en su conjunto y que el monto ingresará a las arcas públicas.
La sanción económica quedó por debajo de lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido cinco millones de reales, cerca de 943.000 dólares. El juez relator del caso propuso fijar la multa en un monto inferior. Tanto el Ministerio Público como el propio Bolsonaro mantienen la posibilidad de apelar la sentencia, lo que podría llevar la causa a instancias superiores.
“Criadero de cucarachas”, el insulto por el cual fue multado
El tribunal evaluó expresiones realizadas por Bolsonaro entre mayo y julio de 2021, en encuentros con simpatizantes en la valla situada frente al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del jefe de Estado. En esos intercambios, el entonces presidente emitió declaraciones calificadas de racistas por la Justicia, consideradas lesivas para la dignidad de la población afrodescendiente de Brasil.
Entre las frases analizadas figura la ocasión en la que Bolsonaro comparó el cabello de una persona negra con un “criadero de cucarachas”. Este comentario quedó asentado en el expediente y fue uno de los elementos determinantes para la condena. El tribunal entendió que ese tipo de manifestaciones reforzaba estigmas y ofendía de manera directa a un grupo social específico.
Bolsonaro enfrenta múltiples procesos judiciales
Además de esta condena, el expresidente afronta una acusación por liderar un complot golpista que buscaba impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía le imputa delitos por los que podría recibir una pena de 27 años y tres meses de prisión. Se trata de una de las causas más graves que pesan en su contra.
Actualmente el exmandatario se encuentra bajo prisión domiciliaria por otra investigación judicial. Cumple la medida con tobillera electrónica, sin acceso a sus redes sociales y con prohibición absoluta de emitir declaraciones públicas, incluso a través de terceros. Estas restricciones fueron impuestas por decisión judicial para evitar que intervenga en la vida política durante el avance de los procesos en su contra.
