Río de Janeiro vive un infierno y los ojos del mundo miran a esta ciudad en estado de guerra. Una megaoperación en complejos de favelas contra una poderosa organización narco inició una escalada de violencia de consecuencias aún difíciles de dimensionar.
Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la madrugada del martes con 32 vehículos blindados, helicópteros y drones, en una acción coordinada que terminó con 113 detenidos, 71 fusiles incautados y 132 muertos, entre ellos cuatro policías y decenas de presuntos delincuentes. El temor a nuevos choques sigue latente mientras organismos internacionales exigen una investigación sobre las ejecuciones.
Megaoperación de madrugada
La llamada Operación Contención fue una de las mayores intervenciones policiales en la historia reciente de Río de Janeiro, diseñada para frenar el avance del Comando Vermelho (CV), una poderosa organización criminal de Brasil. El despliegue, que involucró a unos 2500 agentes de las policías civil y militar, así como de la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ), tuvo como objetivo neutralizar la expansión territorial del grupo en los complejos de favelas Penha y Alemão, ubicados al norte de la ciudad.

La operación fue el resultado de más de un año de investigación conducida por las autoridades judiciales y policiales de Río, que permitió emitir 51 órdenes de captura contra miembros y líderes del CV. Entre los arrestados, hay nombres claves como Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y Edgard Alves de Andrade (“Doca”) -apuntado por más de 100 homicidios, incluida la ejecución de niños-, ambos señalados como responsables de la estructura económica y logística del cartel.
La inesperada respuesta narco
La Operación Contención marcó un punto de inflexión en la dinámica de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales en Río de Janeiro. Durante el masivo despliegue, los narcotraficantes emplearon por primera vez drones para lanzar granadas contra los equipos del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y de la Coordinación de Recursos Especiales (CORE), una táctica inédita.

Según los investigadores, los narcos activaban un detonador que liberaba la carga explosiva mientras el dron permanecía en vuelo, lo que les permitía golpear a distancia sin exponerse al fuego policial. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, calificó esta modalidad como un acto de “narcoterrorismo”.
Cadáveres a cada paso
Durante la madrugada del miércoles, los vecinos de la favela de Penha trasladaron más de 50 cuerpos hasta la plaza São Lucas para intentar identificarlos. Los cadáveres provenían de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas de seguridad y el CV.
Camionetas llegaban una tras otra al centro de la comunidad, dejando una fila de cuerpos cubiertos con telas o bolsas plásticas. Estas muertes no figuraban en el balance oficial preliminar, lo que elevó el número total de fallecidos a 132.



Las imágenes mostraban un escenario de horror: cuerpos alineados en ropa interior y vecinos intentando reconocer a sus familiares. Testigos afirmaron que muchos cadáveres presentaban signos de tortura, quemaduras y disparos en la nuca, lo que refuerza las denuncias de ejecuciones.
Aunque los bomberos retiraron parte de los cuerpos durante la mañana del miércoles, los residentes advirtieron que aún quedaban otros en la cima de la colina. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos repudió la operación, se declaró horrorizada por las consecuencias y pidió una investigación sobre las más de 100 muertes.
Cómo opera el Comando Vermelho
El Comando Vermelho es el grupo criminal más antiguo de Brasil. Surgió en la década de 1970 en la prisión de Candido Mendes, en Ilha Grande, Río de Janeiro, a partir del contacto entre delincuentes comunes y militantes de izquierda encarcelados durante la dictadura militar. Lo que comenzó como una organización con tintes políticos —la Falange Vermelha— derivó en una estructura criminal dedicada al robo y, más tarde, al tráfico internacional de drogas.
En los años 80, el CV consolidó alianzas con carteles colombianos y extendió su control sobre las favelas de Río, donde impuso una suerte de gobierno paralelo que ofrecía empleo y servicios básicos a residentes. Para los 90, ya era la principal facción delictiva, en guerra constante con otras organizaciones como el Terceiro Comando Puro (TCP) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), su rival de San Pablo.



Con el encarcelamiento de su líder Fernandinho Beira-Mar y la creación de penitenciarías federales de máxima seguridad en 2006, el CV inició una nueva fase de expansión nacional. Desde su celda, Beira-Mar reorganizó la estructura interna del grupo y coordinó el reclutamiento de traficantes en todo el país, extendiendo la influencia a 25 estados brasileños y el distrito federal.
Hoy, el CV es considerado una amenaza nacional y transnacional, con presencia en Bolivia y vínculos con grupos narcotraficantes colombianos. Su poder se sustenta no solo en el control del narcotráfico, sino también en su capacidad de desafiar al Estado brasileño en términos de territorio, armamento y legitimidad social.
Caos y pánico en Río
El gobernador Castro ordenó reforzar el patrullaje en todo el estado, debido a las esperadas represalias. Las bandas criminales bloquearon calles y rutas de las zonas norte y suroeste, secuestraron seis colectivos y los incendiaron para usarlos como barricadas, obligando a desviar 20 líneas de transporte.
Más de 200.000 personas quedaron afectadas por el cierre de 46 escuelas, cinco centros de salud y la suspensión de clases en universidades. Aunque el Aeropuerto Internacional de Galeão continuó operando, las vías de acceso fueron interrumpidas.



La primera noche después de la operación, las calles quedaron vacías. En zonas concurridas como Copacabana e Ipanema, los negocios bajaron sus persianas, mientras que en Botafogo, uno de los sitios más animados de la ciudad, no circulaban autos ni peatones.
La puja política
En medio de la escalada de violencia, el gobernador Castro, cercano al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, calificó como exitoso el operativo. “Río está solo en esta guerra”, disparó además en reclamo de apoyo del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales. Según explicó, su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue rechazada en tres ocasiones, lo que —afirmó— dejó a las fuerzas de seguridad locales en desventaja frente al poder de fuego del narcotráfico.

Sin embargo, en el entorno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva señalaron que Castro intenta responsabilizar a Brasilia por la crisis de seguridad en Río e interpretaron las declaraciones del gobernador como una maniobra política en el año previo a las elecciones. Lula convocó una reunión con sus ministros con el fin de evaluar la situación y definir los próximos pasos ante un conflicto de enorme impacto.

