El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial. Por ello, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el país.
La demanda cuestionaba la implementación de auditorías médicas dispuestas a partir del edicto 19.437/25. Así, denunciaba que, desde julio, gran cantidad de titulares tomaron conocimiento de la baja de sus beneficios. Ocurrió al constatar la falta de pago o recibir notificaciones defectuosas. Las cuales fueron redactadas en un lenguaje técnico y sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa.
En su respuesta, ANDIS sostuvo que actuó en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024. Además de señalar que las auditorías fueron correctamente notificadas. Y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditación de los requisitos médicos.
El juez destacó que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares. Agrego que sólo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso. También la defensa en juicio y la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones. Más aún cuando se afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.
En definitiva, el tribunal ordenó a ANDIS restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas con fundamento en el decreto cuestionado y sin acto administrativo previo, disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas, y tener por cumplida esa obligación respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente.
Misiones presentó un amparo para restablecer las pensiones por invalidez suspendidas arbitrariamente
Cabe recordar que en septiembre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir las pensiones por invalidez que fueron suspendidas desde marzo de manera arbitraria por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En la acción judicial, el mandatario instruyó al fiscal de Estado Fidel Duarte para exigir el “inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025”.
Los fundamentos de la demanda
En la presentación, la Provincia solicitó formalmente al Poder Judicial:
- El restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos.
- El pago de todos los retroactivos adeudados.
- La nulidad de las auditorías implementadas por la ANDIS, por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas” que exige la normativa internacional.
- La implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”.
En ese momento, Passalacqua explicó los fundamentos de la presentación judicial. “El Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación con el personal en la política llevada adelante por el ANDIS”, señaló ante la prensa.
El mandatario sostuvo que la situación constituye un hecho inédito para la provincia y el país. “Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso y espantoso. Realmente lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones, era actuar ante la justicia para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones”, consideró.
Justamente, el Gobernador calificó de “humillación” el trato recibido por personas con discapacidad en los operativos de auditoría realizados por la Nación en San Ignacio y 25 de Mayo. Además, un operativo previsto en Bernardo de Irigoyen fue cancelado tras el escándalo.
