La Cámara Federal porteña resolvió este viernes que la causa sobre una mansión en Pilar, atribuida a una sociedad presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, continúe en el juzgado penal económico 10 a cargo del juez Marcelo Aguinsky. La decisión deja afuera al juez Daniel Rafecas, quien había ordenado el allanamiento y el embargo preventivo por sospechas de lavado de activos.
El camarista de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, intervino por un conflicto de competencia que se originó cuando Rafecas recibió la denuncia de la Coalición Cívica. En este sentido, el magistrado federal se declaró incompetente y envió la causa al fuero penal económico, aunque el juzgado sorteado rechazó la derivación.
La controversia obligó a la Cámara a revisar el expediente, en tanto, el tribunal estableció que corresponde investigar en Penal Económico. Asimismo, Rafecas enviará el expediente a Aguinsky en las próximas horas para que continúe el trámite, mientras mantiene el control del allanamiento en la propiedad de Villa Rosa, Pilar, hasta finalizarlo según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
El juez federal dispuso el embargo preventivo de la finca, además de la inmovilización de los vehículos encontrados en el predio. También aseguró los bienes muebles existentes en el interior, por entender que podrían integrarse a una maniobra relacionada con el presunto delito de lavado.
La decisión de la Cámara
En su resolución, Bruglia explicó que por el momento no advierte “particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención” del fuero federal. Agregó que en este tramo inicial “exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero”, lo que encuadra la causa en Penal Económico.
De manera paralela, Bruglia señaló que el nuevo juez deberá “analizar aspectos” vinculados a la competencia territorial del hecho. En este sentido, deberá definir dónde corresponde continuar la investigación para garantizar que el trámite avance sin objeciones futuras.
