El proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional propone reducir del 6 al 5 por ciento las contribuciones patronales destinadas al sistema de Salud. Esa medida implicaría una pérdida de ingresos para obras sociales y prepagas equivalente a más de 1.300 millones de dólares anuales.
Actualmente, los trabajadores aportan el 3 por ciento de su salario y las empresas otro 6 por ciento. De ese total, el 15 por ciento se destina al Fondo Solidario, que cubre tratamientos prolongados y de alto costo. En este sentido, la modificación prevista en el Artículo 161 reduciría el aporte conjunto al 8 por ciento, con un impacto estimado en casi 0,2 por ciento del PBI, según el economista Lorenzo Sigaut Graviña.
“Con la información de los últimos 12 meses de ARCA, estamos hablando que ese punto porcentual (de 6 a 5%) acumuló $ 1,6 billones (casi 0,2% del PIB) que al tipo de cambio de cada uno de los últimos 12 meses totalizó US$ 1.335 millones”, puntualizó Graviña. Mientras que, el especialista Jorge García Rapp calculó que la baja de un punto representa $16.500 millones menos para el Fondo Solidario y $96 mil millones menos para las entidades del sistema.
El exsuperintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano, señaló que la medida agravaría el desfinanciamiento. “Si actualmente los aportes no cubren el costo del obsoleto Programa Médico Obligatorio, reducir los ingresos en un punto sobre 9 por ciento significa una baja de más del 11 por ciento que afecta a las obras sociales y al Fondo Solidario de Redistribución”.
La falta de aportes patronales golpea al sistema de salud
Quienes derivan sus aportes y las contribuciones del empleador a una prepaga deberán afrontar mayores costos. Las prepagas recibirán un por ciento menos del salario del trabajador para financiar el plan contratado, y esa diferencia deberá cubrirla el afiliado para mantener su cobertura.
Cano planteó la necesidad de crear un Fondo Nacional que financie tratamientos prolongados y de alto costo para toda la población. En este sentido, destacó que debería incluir también la atención de la discapacidad y no limitarse a los ocupados y sus familias.
El debate sobre la reforma abre un escenario de tensión entre la reducción de costos patronales y el financiamiento del sistema de Salud. Los especialistas advierten que el recorte podría trasladarse directamente a los bolsillos de los trabajadores y comprometer la sustentabilidad de las prestaciones médicas.
