El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios profundos en la Ley de Inteligencia y redefine la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La norma, firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, reordena el sistema de inteligencia, crea nuevos organismos, disuelve otros y amplía las atribuciones de la SIDE, que podrá incluso aprehender personas en casos de flagrancia.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que la medida busca modernizar y ordenar el Sistema de Inteligencia Nacional, integrándolo de manera más clara al Estado y sometiéndolo a mayores controles. “La reforma moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”, señalaron fuentes oficiales.
El decreto incorpora definiciones que hasta ahora no estaban explícitas en la normativa vigente, como la caracterización del trabajo de inteligencia como una actividad de naturaleza reservada. En ese sentido, el nuevo artículo 2° bis establece que todas las tareas desarrolladas en el ámbito de la Inteligencia Nacional tienen carácter encubierto debido a su sensibilidad, con el objetivo de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional.
Además, el texto detalla el concepto de contrainteligencia y define las acciones que comprende este campo, entre ellas la prevención de infiltraciones, espionaje, sabotajes, atentados contra el orden constitucional y cualquier forma de injerencia externa que afecte el proceso decisorio de las autoridades o los intereses estratégicos del país.
Reordenamiento de organismos y nuevas agencias
Si bien la SIDE continúa como organismo central del sistema, el DNU introduce cambios significativos en su estructura interna. La actual Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con un enfoque específico en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
Estas modificaciones apuntan a unificar tareas, reducir superposiciones y facilitar el intercambio de información dentro del sistema.
La norma amplía y especifica las facultades de la SIDE, que quedará a cargo de la planificación del esfuerzo estatal en la obtención y análisis de información estratégica y de la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional. También se la habilita a solicitar datos a cualquier organismo del sector público y a coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las nuevas funciones se incluyen tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, la elaboración de análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado, además de la articulación con organismos de inteligencia extranjeros.
Ciberseguridad y nuevas instancias de integración
Uno de los puntos destacados del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Este organismo tendrá a su cargo la planificación, ejecución y supervisión de políticas de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los sistemas tecnológicos de servicios públicos esenciales.
Para su funcionamiento se transferirán bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a tareas de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
El DNU también crea dos ámbitos de coordinación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de espionaje y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de facilitar el trabajo conjunto bajo la conducción de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos con capacidad de generar información relevante para el análisis estratégico del Estado, como Migraciones, Aduanas y entes del área nuclear.
Seguridad propia y facultad de aprehensión
El texto dedica un apartado específico a la protección de instalaciones, bienes y personal de los organismos que integran el sistema de inteligencia, habilitándolos a proveer sus propios mecanismos de seguridad y a repeler agresiones. Además, se formaliza la posibilidad de que la inteligencia solicite apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad, sin superposición de funciones.
Uno de los puntos más sensibles del decreto aparece en el artículo 19, donde se establece que, en el marco de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial, o ante la comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.
El DNU contempla también la reasignación del personal de los organismos que cambian de denominación o se disuelven, y detalla cómo se garantizará la continuidad funcional durante el proceso de reorganización.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a mejorar la integración del sistema de inteligencia con los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminando duplicaciones y superposiciones. Al mismo tiempo, aseguran que se busca fortalecer la confianza ciudadana mediante mayores controles legales, presupuestarios y técnicos, y dejar en claro que la inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que produce información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
