Un informe federal del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró 629 conflictos y cierres de empresas durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei al frente del Gobierno nacional. El relevamiento documentó despidos, suspensiones, quiebras y cierres que afectaron a sectores industriales, comerciales y de servicios en todo el país.
La crisis se dispersó por todo el territorio argentino sin concentrarse en una sola región. La provincia de Buenos Aires acumuló la mayor cantidad de casos con 168 situaciones, mientras que Santa Fe sumó 65 y Córdoba 38. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también registró 38 episodios, muchos de ellos vinculados a locales gastronómicos y comercios.
En el norte del país, La Rioja figuró entre las provincias más afectadas con 52 casos, donde el sector textil e industrial mostró una fuerte presencia. Tucumán sumó 22 conflictos, Salta 19 y Jujuy 8, completando un panorama complejo para esa región. La Patagonia, por su parte, también evidenció situaciones críticas en varias de sus jurisdicciones.
El empleo y la producción golpeados por el Gobierno nacional
Los episodios que documentó el CEPA incluyeron despidos masivos, suspensiones temporarias y cierres definitivos de plantas. El informe advirtió sobre el efecto acumulado de estas medidas en el entramado productivo nacional, el cual derivó en una palpable pérdida de puestos de trabajo.
El reporte también alertó sobre los riesgos de desindustrialización en zonas con mayor concentración de empresas en sectores considerados vulnerables. Esta tensión sostenida, según el análisis, no se limitó a un solo sector económico ni a un área geográfica específica.
El CEPA construyó su diagnóstico combinando casos reportados por sindicatos, cámaras empresarias y medios locales. Este mapa federal de conflictos laborales y empresariales se inscribe en un debate más amplio sobre el impacto real de la política económica nacional en la actividad productiva.
Mientras algunas interpretaciones atribuyen los cierres a la caída de la demanda y al ajuste macroeconómico, otras apuntan a problemas estructurales de competitividad. El informe del CEPA aporta números concretos que alimentan esta discusión pública sobre la necesidad de medidas de contención y políticas de empleo activas.
