La División Homicidios de la Policía Federal Argentina ingresó en la Unidad N°36 de Magdalena para allanar y detener a un grupo de delincuentes presos. La medida se vinculó al suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, hallado muerto el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. La investigación, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, determinó que una extorsión sexual liderada por internos del penal condujo al soldado a la muerte. En este sentido, el operativo reveló el uso de celulares dentro de las celdas.
En la celda de Tomás Francavilla, condenado por robo, se hallaron dos teléfonos. Otro aparato estaba en poder de Mauricio Duarte Areco, también sentenciado por robo y señalado como jefe de la banda.
Francavilla, según la causa, llamó a Gómez haciéndose pasar por un teniente de la Bonaerense. Le aseguró que enfrentaba una investigación por pedofilia y que debía pagar para salvarse. En las horas previas a su muerte, Gómez transfirió cuatro pagos por 1,4 millones de pesos a dos billeteras virtuales. Luego, en su garita, se disparó con su fusil. La banda lo llamó varias veces después de muerto.
El operativo en Magdalena abrió un debate sobre el sistema penal. En las cárceles bonaerenses, lideradas por Juan Martín Mena, los celulares están permitidos por decisión judicial. En este marco, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Manuel Adorni ofrecieron una conferencia de prensa. Allí confirmaron que los líderes de la banda operaban desde penales bonaerenses.
El padre del soldado, Juan Gómez, criticó duramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren”, declaró.
El permiso para celulares se remonta a un fallo del juez Víctor Violini en marzo de 2020. La medida buscaba evitar el aislamiento extremo durante la pandemia de coronavirus. “Debemos extremar nuestro sentido de humanidad”, sostuvo Violini al autorizar el ingreso masivo de teléfonos a las cárceles. La decisión fue respaldada por el Ministerio de Justicia provincial.
Sin embargo, los teléfonos clandestinos ya eran habituales. En 2018 se incautaron más de 25 mil aparatos en requisas, en un sistema con 42 mil internos. El fallo buscaba contener tensiones crecientes.
El Servicio Penitenciario Bonaerense estableció reglas claras: un celular por detenido, sin redes sociales y con WhatsApp como única aplicación. Aun así, la paz prometida nunca llegó. El 22 de abril de 2020, apenas semanas después del fallo, estalló un motín violento en la Unidad N°23 de Florencio Varela. La jornada terminó con un preso muerto y mostró los riesgos de la medida.
El permiso tenía fecha de vencimiento. Sin embargo, pese al fin del aislamiento en 2021 y de la emergencia sanitaria en 2023, los celulares siguen vigentes. El caso Gómez expone esa realidad incómoda y revive el debate sobre seguridad en los penales.
El acceso a los celulares en las cárceles
Seis años después de la autorización de celulares, el impacto debería medirse con datos concretos. En prisión, los conflictos se sancionan y esa estadística puede ofrecer una pista clara. El informe 2024 del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, elaborado por el Ministerio de Justicia, registró 55.143 detenidos en cárceles bonaerenses. De ellos, 1.361 tenían una conducta regular, mala o pésima, lo que representa un 2,4 por ciento de la población. Hubo 6.001 sanciones aplicadas. En 2019, último año sin celulares, el SPB contabilizó 45.392 internos, con 1.449 calificados de manera negativa, un 3,1 por ciento, y 9.022 sanciones. Puede interpretarse de dos formas: el SPB castigó menos o la conflictividad realmente descendió.
Los homicidios dentro de las cárceles también muestran una reducción. Según la Comisión Provincial por la Memoria, en 2019 hubo 2,3 homicidios cada 10 mil internos en el SPB. En 2024, la cifra bajó a 0,6 casos cada diez mil. Sin embargo, atribuir esta caída directamente al uso de celulares requiere un análisis más profundo.
El Servicio Penitenciario Federal, que no permite teléfonos, tenía 11.728 internos en 2024. Allí, 332 presos mostraron conducta regular, mala o pésima, un 2,8 por ciento del total. Se aplicaron 1.870 sanciones. La tasa de castigo es levemente mayor, aunque el perfil de violencia en penales federales difiere del bonaerense, donde predominan los ladrones armados.
De regreso a la Provincia, un informe citado por El Día de La Plata asegura que el 85 por ciento de los detenidos del SPB accede a un celular sin control judicial. El 99,3 por ciento de los aparatos incautados se relaciona con uso indebido de redes sociales, mientras que el resto se vincula a causas judiciales.
Mientras la causa judicial avanza y se esperan nuevas medidas procesales, el expediente pone nuevamente bajo análisis el alcance y los controles del uso de teléfonos en las cárceles bonaerenses. Con cifras oficiales, antecedentes judiciales y posiciones encontradas sobre su impacto en la conflictividad carcelaria, el caso suma un nuevo capítulo a una discusión que continúa abierta en el ámbito político y judicial.
