El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso una nueva batería de aranceles que comenzó a regir este martes, luego del fallo de la Corte Suprema. La medida impactó en el comercio internacional y alcanzó a países que habían firmado acuerdos con la Casa Blanca, entre ellos Argentina. Aunque ambos gobiernos sostienen que el entendimiento bilateral continúa vigente, especialistas advierten que la nueva base legal genera incertidumbre sobre su aplicación.
La doctora en Relaciones Internacionales, Julieta Zelicovich, señaló que “la resolución de la Corte Suprema de Justicia a los EE.UU. le quita validez jurídica interna a los compromisos que Estados Unidos asumió en el acuerdo con Argentina”.
Aclaró que la cuota de carne pactada “sí seguiría en vigor y no se habría visto afectada”. También explicó que las concesiones arancelarias dependían de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y de órdenes ejecutivas firmadas en 2025, por lo que al eliminarse esos aranceles la Argentina pierde esos beneficios.
La nueva base legal no contempla preferencias previas y limita diferencias entre socios
De acuerdo a Ámbito, Zelicovich indicó que la sección 122 de la Ley de Comercio, utilizada para restablecer los tributos, no contempló las preferencias previamente negociadas y aplicó tasas incluso más elevadas a socios comerciales. Según expresó, esa herramienta no permitiría en principio diferenciar entre países, lo que podría afectar compromisos asumidos en acuerdos bilaterales.
En tanto, el especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo sostuvo que el gobierno estadounidense “está diciendo que va a mantener los acuerdos bilaterales planteando las excepciones en la suba de los aranceles para los países con los que ha acordado”. Aunque admitió que “hay algunos que están diciendo que no está claro que, en base a la nueva ley, se puedan hacer distinciones en el nivel arancelario por país”.
La vigencia por 150 días obliga a Trump a buscar aval del Congreso para extender los aranceles
Elizondo explicó que la normativa vigente “le permite al gobierno de los Estados Unidos elevar los aranceles por 150 días nada más” y que una prórroga exige autorización legislativa. Señaló que la administración presume que esa ampliación no prosperaría en un año electoral, con elecciones de medio término previstas para noviembre. Desde Portofolio Personal Inversores indicaron que ese plazo “le da tiempo (a Trump) para avanzar con una nueva arquitectura de política comercial” y mencionaron alternativas basadas en seguridad nacional, reglas antidumping o restricciones sectoriales.
No obstante, la exsecretaria de Comercio Exterior Marisa Bircher informó que en el acuerdo reciente “Estados Unidos se compromete a través del acuerdo a no elevar el 10% del arancel universal ante cualquier situación interna, económica, política o de defensa comercial”. En el plano internacional, un informe del grupo ING planteó que “si bien estos acuerdos se originaron a raíz de los aranceles de emergencia, que ahora fueron revocados, se tratan de acuerdos bilaterales y, por lo tanto, no se ven directamente afectados por la sentencia del Tribunal Supremo”. Sin embargo, ese análisis señaló que algunos entendimientos podrían requerir una reformulación si su redacción remitía de forma explícita a los aranceles de emergencia.
El think tank Peterson Institute of International Economics evaluó que Washington podría recurrir a la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que “autoriza la imposición de aranceles para tomar represalias contra la discriminación extranjera contra los productos estadounidenses”. Un eventual aumento uniforme al 15% implicaría un reordenamiento global de tasas. Según estimaciones citadas por PPI, Brasil y China registrarían reducciones frente al esquema previo, mientras que Reino Unido afrontaría un encarecimiento de sus exportaciones hacia Estados Unidos.
