En el marco del debate en el Senado sobre la baja de la edad de imputabilidad, el senador misionero por Innovación Federal Carlos Omar Arce, sostuvo que se trata de una discusión “largamente postergada” y defendió la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil vigente. Señaló que el actual marco normativo tiene 46 años y es anterior a la reforma constitucional de 1994 y a la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional. En ese sentido, afirmó que actualizar la normativa “no sólo es una obligación moral, institucional y también constitucional”.
Arce explicó que el proyecto establece un régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años, incorporando garantías propias del sistema acusatorio, medidas complementarias y una gradación de penas que tenga en cuenta, entre otros factores, la gravedad del daño causado.
Un régimen con límites y carácter formativo
El Senador remarcó que la iniciativa no equipara a los adolescentes con los adultos en materia penal. Subrayó que no contempla prisión perpetua, fija límites de pena máxima y reafirma el carácter excepcional de la privación de la libertad.
“No es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo”, expresó, y sostuvo que apunta a fomentar la responsabilidad del imputado adolescente, promoviendo la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.
No obstante, reconoció que el debate público se centró principalmente en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y consideró que allí es donde el Congreso debe actuar con responsabilidad al momento de legislar.
Datos, víctimas y mirada federal
Durante su intervención, Arce mencionó que los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal indican que la mayor participación adolescente en el delito se concentra en el grupo de 16 y 17 años, y que existe una mayor proporción en delitos contra la propiedad que contra las personas. Sin embargo, aclaró que el Congreso no está para legislar únicamente en base a estadísticas, sino también para proteger a las víctimas y sus familias.
Asimismo, advirtió que el fenómeno no es homogéneo en todo el país, lo que obliga a pensar políticas con una mirada federal y garantizar que la implementación se adapte a la realidad de cada provincia.
En ese punto, destacó las particularidades de Misiones, una de las provincias con población más joven del país, con un promedio de edad de 28 años, y con el 92% de sus fronteras de carácter internacional. Señaló que esa condición geográfica implica una vulnerabilidad adicional.
Vulnerabilidad social y políticas integrales
El senador indicó que las trayectorias delictivas de los adolescentes suelen estar vinculadas a contextos de vulnerabilidad social y familiar, abandono escolar, economías ilegales, adicciones y narcotráfico, factores que representan riesgos para el delito. Por ello, advirtió que la baja de la edad punible, por sí sola, no solucionará el problema de la delincuencia juvenil. En su planteo, sostuvo que las respuestas no deben ser únicamente normativas, sino también operativas.
En esa línea, señaló que cada provincia deberá, en articulación con el Estado Nacional, construir o adaptar institutos, capacitar recursos humanos y fortalecer equipos interdisciplinarios, diferenciándolos de los meramente multidisciplinarios. También consideró necesario capacitar a fuerzas de seguridad, personal penitenciario y a todos los estamentos del Poder Judicial.
Valoró que el proyecto contemple un presupuesto para 2026, aunque planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas plurianuales, al entender que se trata de una problemática que no puede resolverse en un solo ejercicio presupuestario.
El testimonio de las víctimas y el voto positivo
En el tramo final de su exposición, el senador hizo referencia a las comunicaciones recibidas por el bloque de distintas entidades y, especialmente, a la comisión plenaria del 19 de febrero, donde familiares de víctimas brindaron testimonios.
Relató que nueve grupos de familiares ofrecieron relatos “desgarradores” sobre el doble sufrimiento que atravesaron: la pérdida de sus seres queridos y la sensación de injusticia posterior. Según expresó, el mensaje que dejaron fue de confianza y súplica hacia el Poder Legislativo, con un pedido concreto de evitar que otras familias atraviesen el mismo dolor.
En ese contexto, sostuvo que quienes cometan delitos graves y tengan más de 14 años no pueden permanecer caminando libremente por las calles, y adelantó que el bloque acompañará la iniciativa. Finalmente, en nombre del Frente Renovador de la Concordia Social, confirmó el voto positivo al proyecto, al considerar que se trata de una decisión en honor a las víctimas y sus familiares.
