El PAMI acumula una deuda de $500.000 millones con sus prestadoras. Según fuentes oficiales, el organismo les adeuda ese monto a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Ante la magnitud del pasivo, el ministro de Salud, Mario Lugones, recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para explorar un auxilio financiero. El encuentro entre ambos ministros no tuvo resolución y, desde la cartera de Salud, trascendió en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, voceros oficiales relativizaron el conflicto y se mostraron confiados en una salida próxima. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron. El tema llegó incluso al AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde Lugones afirmó que “el PAMI está pagando”.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero en la actualidad no tendría los recursos para afrontar la deuda reclamada por los prestadores. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Leguízamo, cuya gestión quedó además bajo la lupa por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares.
Clínicas y farmacias al límite
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo con una advertencia directa: era necesario “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” para mantener la atención. La entidad también exigió actualizar los valores de las prestaciones y la incorporación de mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La misiva, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con una alerta sobre la urgencia de “avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
La crisis también alcanzó a la cadena de provisión de medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado con tono de alerta: “Atención. Las farmacias en situación crítica. Informamos a nuestros pacientes que, ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos”. La entidad aclaró que, si bien se mantendrá la atención a los afiliados, “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”.
En ese contexto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, optaron por el distanciamiento. Ante el inminente choque con los cerca de 8000 médicos de cabecera del organismo, la cartera difundió un comunicado en la red social X: “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”. El texto dejó al descubierto los cortocircuitos dentro del propio gabinete nacional.
La resolución que desató el paro
El paro, que finalizó este miércoles, fue impulsado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia) y contó con el respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremios que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza tuvo origen en la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos a los médicos de cabecera y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el PAMI, la medida se presentó como una reconfiguración del sistema, no como un ajuste. El organismo elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extras que integraban la remuneración anterior. Según fuentes del organismo, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representaría “un incremento del 121% en el ingreso fijo”.
Los médicos rechazan esa lectura. La doctora Fernanda Scoccia, con 17 años de trabajo en el PAMI, fue una de las voces más contundentes: “La reducción salarial llegó al 50% sin aviso”, pese a que se les había anticipado un cambio “para descomprimir un poco los gastos de sostener un consultorio abierto full time”. “Hicieron todo lo contrario”, afirmó.
Scoccia describió el impacto concreto en su actividad: “Tenemos muchos gastos y esta reducción llega con el pago de abril sin que lo supiéramos. Tengo que pagar el consultorio, la secretaria, entre otras cosas. Son un montón de pagos y tengo que poner plata de mi bolsillo para sostener el mes”. Ante la falta de respuestas oficiales, la médica advirtió: “No estamos acostumbrados a tomar estas medidas, pero no nos queda otra”.
“No son privilegios, sino condiciones dignas”
Rodrigo Ortiz, médico de cabecera del PAMI Santa Fe, coincidió con ese diagnóstico y fue categórico: “Una reducción salarial del 50% no es una medida administrativa, es un ajuste directo sobre la salud pública”. Ortiz cuestionó que la resolución 1107/2026 se haya implementado “sin diálogo” y advirtió que “no solo golpea a los profesionales, también afecta la calidad de atención de miles de jubilados que dependen de nosotros todos los días”.
El médico santafesino describió un sistema sanitario bajo presión: “Trabajar en estas condiciones se vuelve cada vez más difícil. Se atienden solo urgencias y muchas consultas se reprograman”. Los ejes del reclamo, según precisó, son “la derogación de la medida y una recomposición laboral”. Y puso en perspectiva el fondo de la discusión: “Cuando se ajusta sobre la salud, no se recorta un gasto: se debilita el cuidado de toda una sociedad. La salud no se ajusta”.
Scoccia, por su parte, destacó el vínculo construido durante años con sus pacientes: “Mi relación con los jubilados es de hace 17 años. Muchos me conocen desde cuando estaba embarazada. Se forma un vínculo y por eso duele esta situación, porque nos afecta a nosotros y a ellos también”. Ante el límite de lo sostenible, la médica advirtió: “Uno jura un compromiso con la salud, pero llega un momento en que, si nos siguen sacando ingresos, no voy a poder seguir sosteniendo el consultorio”.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI”
Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el PAMI, trazó un cuadro más amplio del deterioro: “Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90”.
El organismo, que tiene 10.500 empleados, registró además un recorte de 1500 agentes desde la llegada de Javier Milei al poder, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que anticipan la activación de un plan de retiros voluntarios, similar al que el Gobierno abrió en los medios públicos.
En ese marco, la disputa entre el PAMI y sus prestadores se extiende a todos los niveles del sistema de salud de los jubilados. Las farmacias con stock limitado, los médicos de cabecera con ingresos recortados a la mitad, las clínicas con pagos atrasados y un organismo sin fondos suficientes configuran un escenario de crisis que el Gobierno todavía no resolvió.
Fuente: La Nación
