El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para determinar si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El magistrado requirió copia íntegra de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación.
Entre los documentos solicitados se encuentran los relacionados con la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento, contratación de servicios de envío masivo de SMS, implementación y soporte técnico de herramientas Jira y Confluence, servicios de correos transaccionales y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.
Lijo también pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de varias firmas. Entre ellas, AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A., con el objetivo de analizar su composición y posibles vínculos.
La investigación busca determinar si la consultora de Angeletti tiene vínculos con empresas contratistas del Estado
Las medidas se ordenaron tras un pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, luego de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Se busca determinar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas.
Stornelli aclaró en el dictamen que aún no hay imputados y que la investigación se basa en la denuncia para determinar si hubo algún “proceso de simulación” en contrataciones del Estado Nacional. El fiscal busca establecer si existió algún conflicto de interés entre la esfera pública de Adorni y las actividades económicas desarrolladas por su entorno familiar.
En concreto, la denuncia alude a la consultora de la que sería socia la esposa del jefe de Gabinete, que tendría como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios en diferentes organismos del Estado. También se mencionó a National Shipping SA, contratista de YPF durante las dos últimas décadas, y al grupo Foggia, en relación a la concesión del predio Tecnópolis.
