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Universidades convocan a una nueva marcha y exigen a Nación el cumplimiento de la ley de financiamiento

La manifestación del próximo 12 de mayo será la cuarta Marcha Federal Universitaria. Las primeras tres fueron multitudinarias y contaron con la asistencia de amplios sectores de la sociedad.

Ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional y la continuidad del ajuste, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó una nueva Marcha Federal. La convocatoria será el 12 de mayo en Plaza de Mayo, en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia.

Confirmaron que la movilización será hasta Plaza de Mayo. A pesar de los fallos judiciales, el Ejecutivo se niega a cumplir con la ley votada por el Congreso y los salarios universitarios perdieron 43,2% de poder adquisitivo desde la asunción de Milei.

El Gobierno nacional argumenta que la Ley no especifica de dónde saldrían los recursos para financiar la actualización del presupuesto, pero al mismo tiempo, a lo largo de estos dos años, redujo fuertemente impuestos como Bienes Personales, que alcanza a los patrimonios más altos, y los que afectan a las grandes petroleras, mineras y a los bienes de lujo.

El efecto del recorte en las universidades

Un estudio de mediados de marzo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales señala que en comparación con 2023 el presupuesto vigente presenta un ajuste casi el 30% y que en los próximos meses llegaría al 45,6%. En ese mismo lapso los salarios cayeron 43,2%, mientras que los gastos de funcionamiento se ajustaron 57,1%.

En ese marco, el Gobierno nacional continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que luego dio de baja en ambas Cámaras el veto presidencial. El Poder Ejecutivo tampoco hace caso a dos fallos judiciales, en primera y segunda instancia, que lo instan a cumplir con la ley que estipula un aumento del 51% en los salarios universitarios.

Los salarios deprimidos provocaron que el 10% de los profesores hayan renunciado y que la gran mayoría de los que aún siguen tenga que trabajar en plataformas de transporte de pasajeros o envío de comida. Se estima que 7 de cada 10 cobran salarios netos de $250.000 en el país.

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