La Jueza Correccional y de Menores, Marcela Alejandra Leiva, ordenó este martes dos procedimientos en la ciudad de Posadas ante la creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos.
Los operativos tuvieron lugar en la Escuela de Comercio N° 6 y en un domicilio del barrio Villa Cabello, donde los investigadores secuestraron teléfonos celulares. Las actuaciones estuvieron a cargo de personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, junto a efectivos de la Comisaría Primera y Séptima de la Policía de Misiones, con intervención del fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche.
Los dispositivos incautados serán sometidos a peritajes informáticos para avanzar en la investigación, que se enmarca en un contexto de reiteradas amenazas vinculadas a posibles ataques en instituciones educativas, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales.
Desde el Ministerio Público se reiteró que estas conductas no son bromas ni desafíos virales, sino hechos que pueden configurar delitos penales. Se recordó que las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública puede alcanzar hasta 6 años, e incluso más en casos agravados.
Las autoridades advirtieron que estos mensajes generan alarma social, afectan la salud emocional de la comunidad educativa y movilizan recursos policiales y judiciales que deben destinarse a emergencias reales. Además, señalaron que cuando los involucrados son menores de edad, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos.
Finalmente, se reiteró el llamado al uso responsable de redes sociales, subrayando que este tipo de conductas tiene consecuencias reales y es objeto de investigación judicial.
