El diputado nacional Alberto Arrúa, del bloque Encuentro Misionero, criticó a la política del Gobierno nacional sobre el sector yerbatero. Sostuvo que la falta de regulación de precios afecta directamente a unas 12.500 familias en Misiones, que deben vender su producción por debajo de los costos para subsistir.
Arrúa fue contundente al referirse al escenario actual de la actividad. “La sensación es que se burla en la cara de los productores y las familias misioneras”, afirmó, en alusión a la postura oficial de no intervenir en el mercado. En ese sentido, remarcó que más allá de los indicadores macroeconómicos, la realidad en territorio es crítica.
Además, el legislador explicó que el eje del reclamo apunta a la falta de un precio mínimo para la hoja verde. “Nuestra pregunta pasó por cómo resolver la situación de las 12.500 familias yerbateras que al no tener un precio fijado, tienen que vender su yerba a un precio mucho menor incluso para sobrevivir”, señaló en una entrevista brindada a Radio Up.
En contraste, desde el Gobierno nacional ratificaron su postura de no intervenir en el sector. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que no habrá regulación de precios ni medidas extraordinarias de asistencia para pequeños y medianos productores. La definición se dio durante su informe anual ante la Cámara de Diputados.
Según la visión oficial, el esquema aplicado tras el DNU 70/23 permitió “corregir distorsiones del mercado”. En ese marco, se eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia, una herramienta clave que históricamente buscaba equilibrar la cadena productiva.
Desde Casa Rosada aseguran que el modelo actual muestra resultados positivos. Argumentan que los precios en góndola bajaron y que las exportaciones crecieron. De hecho, se registró un récord de 60.085 toneladas exportadas en 2025, con un incremento interanual del 31,4% y mayor ingreso de divisas.
Sin embargo, esos indicadores conviven con señales de alerta. El consumo interno acumulado cayó un 7,1% entre 2023 y 2025, pasando de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones. Este dato refleja una contracción del mercado interno, uno de los pilares históricos del sector.
A pesar de ello, el Gobierno sostiene que el mercado yerbatero tiene capacidad de autorregularse. “La no intervención permitió alcanzar indicadores que el modelo regulado no logró”, planteó Adorni en sus respuestas al Congreso.
En paralelo, se descartó cualquier tipo de asistencia específica frente a las pérdidas denunciadas por el sector, estimadas en 276.000 millones de pesos, así como el aumento del endeudamiento de los molinos, que creció un 53%. La estrategia oficial apunta al financiamiento general, como líneas de crédito para maquinaria, pero sin políticas focalizadas.
Otro punto crítico es la situación de los productores medianos. Aquellos con entre 30 y 40 hectáreas enfrentan altos costos operativos y dependen de mano de obra intensiva. Sin embargo, la Nación tampoco prevé medidas diferenciales para este segmento.
Desde el Ejecutivo argumentan que la sostenibilidad dependerá de la eficiencia productiva y de la inserción en mercados internacionales. También destacan que la desregulación eliminó límites a la plantación, lo que permitiría expandir la producción en función de la demanda.
Mientras tanto, en Misiones crece la preocupación. Productores, cooperativas y dirigentes políticos advierten que la hoja verde se sigue pagando por debajo de los costos, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de familias.
En ese contexto, las declaraciones de Arrúa reflejan un malestar cada vez más extendido en la provincia. La falta de un precio sostén y la ausencia de políticas específicas profundizan la tensión entre el modelo de libre mercado que impulsa Nación y la realidad que atraviesa la economía regional yerbatera.
