La crisis económica nacional y el aumento sostenido de los costos médicos empujaron a millones de familias argentinas fuera del sistema privado de salud. Según un informe elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), actualmente cinco de cada diez niños y adolescentes del país dependen exclusivamente del sistema público para atenderse. Se trata de 3,6 millones de menores de 18 años, una cifra récord que representa el 45% del total y marca el nivel más alto desde que existen registros estadísticos.
El estudio, a cargo del Instituto Argentina Grande (IAG), señala que en total ya son 10,3 millones de personas las que no cuentan con obra social ni prepaga y solo tienen acceso a hospitales y centros de salud estatales. Dos años atrás eran 9,5 millones, lo que evidencia un fuerte deterioro en la cobertura sanitaria de la población. Entre las principales causas aparece el fuerte incremento de las cuotas de medicina privada, que aumentaron más de 400% desde la desregulación del sector impulsada por el decreto 70/2023 del Gobierno nacional.
La desregulación y el desempleo profundizan el deterioro
Otro de los factores determinantes es la pérdida de empleo formal. En los últimos dos años desaparecieron más de 206 mil puestos de trabajo registrado, dejando a miles de familias sin acceso a obra social. La tasa de trabajadores sin cobertura alcanzó el 44,9%, uno de los niveles más altos de la serie histórica. Esta situación impacta especialmente en los niños, que quedan atados exclusivamente a la capacidad de respuesta del sistema público.
En este contexto, el periodista de Canal Doce, Gustavo Anibarro señaló dos factores centrales: “Primero, el precio de las prepagas desde el decreto de diciembre del 2023, que desreguló el mercado y tras el cual aumentaron 417%”, detalló. Y en segundo lugar, agregó que la pérdida de empleo formal agravó la situación: “En los últimos dos años se perdieron 206.000 puestos de trabajo registrado que tenían, además de una jubilación, un aporte a la obra social y ya no la tienen”.
La presión sobre los hospitales y centros de atención se siente en varias provincias. En Salta, las consultas en hospitales públicos crecieron cerca de un 75% en los últimos dos años y las guardias pediátricas funcionan por encima de su capacidad. En Santiago del Estero, las autoridades sanitarias reportaron un aumento del 40% en la demanda, mientras que en la provincia de Buenos Aires aseguran que incluso personas con obra social recurren al sistema estatal porque ya no logran cubrir coseguros ni prestaciones privadas.
Guardias pediátricas saturadas
En paralelo, los hospitales universitarios de la UBA atraviesan una grave crisis presupuestaria. Directivos del Hospital de Clínicas y otros centros médicos advirtieron que podrían dejar de funcionar en pocas semanas si no reciben los fondos previstos en el Presupuesto 2026. La situación afecta a más de 700 mil pacientes que se atienden anualmente en hospitales universitarios y agrava aún más el panorama sanitario nacional en un contexto de creciente demanda.
El informe también advierte sobre una fuerte desigualdad de género en el acceso a la salud. Alrededor del 60% de quienes perdieron cobertura médica en los últimos dos años fueron mujeres. Además, mientras las farmacéuticas aumentaron su facturación, cayó la venta de medicamentos y cada vez más adultos mayores deben seguir trabajando para afrontar gastos básicos. En este escenario, el sistema público se consolida como el único sostén sanitario para millones de niños argentinos y sus familias.
Finalmente, Añibarro advirtió sobre el impacto en los nosocomios públicos: “Esto significa que, por diferentes motivos, la cantidad de gente satura los sistemas públicos de salud de todo el país. Se incrementa la presión sobre los sistemas, incluido el de Misiones, que en muchos casos están al borde del agotamiento”, concluyó.
