La industria pyme argentina atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años. Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, durante 2026 podrían perderse hasta 500.000 puestos de trabajo formales y desaparecer cerca de 40.000 empresas en todo el país.
El diagnóstico refleja una creciente brecha entre la estabilidad de algunas variables macroeconómicas y la realidad del entramado productivo. Mientras sectores vinculados a inversiones financieras y actividades extractivas muestran dinamismo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan una fuerte caída de rentabilidad, dificultades para sostener el empleo y problemas cada vez más severos en las cadenas de pago.
Según datos del IPA, desde diciembre de 2023 ya cerraron unas 25.000 empresas. Solo en febrero se registraron 10.200 bajas, una cifra que encendió las alarmas dentro del sector.
“El deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, sostuvo Federico Vacarezza, coordinador del Observatorio.
Más de 77.000 empleos industriales perdidos
El informe señala que existen al menos 13 ramas industriales en situación crítica. En ese contexto, la industria ya perdió más de 77.000 puestos de trabajo y registró el cierre definitivo de 3.100 establecimientos fabriles. La contracción alcanza a gran parte de la economía. De los 948 subsectores relevados, 554 redujeron su plantilla de trabajadores registrados.
La construcción lidera la pérdida de empleo con 81.295 puestos menos. Le siguen la industria manufacturera con 76.556 trabajadores menos, el transporte y almacenamiento con 61.107 empleos perdidos y las actividades profesionales, científicas y técnicas con una reducción de 25.449 puestos.
Por el contrario, los únicos sectores que muestran crecimiento son algunas actividades vinculadas a la salud, el desarrollo de software y el agro. Sin embargo, el volumen de nuevos empleos generado resulta insuficiente para compensar la caída generalizada.
Vacarezza remarcó que, aunque algunos indicadores productivos muestran mejoras puntuales, esas recuperaciones no se traducen en una reactivación del empleo ni benefician al universo pyme.
Reclaman una emergencia para las pymes
Frente a este escenario, los industriales impulsan en el Congreso un proyecto de emergencia pyme con vigencia de un año. La iniciativa busca aliviar la presión financiera y tributaria que enfrentan las empresas.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que el sector decidió canalizar sus reclamos a través del Poder Legislativo ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras”, afirmó.
Entre las principales preocupaciones figuran el incremento de las importaciones, la falta de financiamiento accesible, las elevadas tasas de interés y la caída sostenida de las ventas.
Rosato advirtió además que muchas pymes proveedoras de grandes compañías atraviesan una situación límite que podría afectar incluso el abastecimiento de las principales cadenas productivas del país.
Aumentan los concursos preventivos
Uno de los indicadores que más preocupa al sector es el crecimiento de los concursos preventivos. Mientras durante 2023 se registraron 82 expedientes en la Ciudad de Buenos Aires, la cifra ascendió a 190 durante 2025. En tanto, entre febrero y abril de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos procesos judiciales.
Desde IPA sostienen que estos mecanismos se convirtieron en la última herramienta disponible para evitar cierres definitivos y preservar la continuidad de las empresas.
El proyecto que promueve la entidad propone extender automáticamente por 180 días la suspensión de embargos y remates una vez iniciado un concurso preventivo.
La preocupación por la presión fiscal
Los industriales también cuestionan la presión tributaria y los mecanismos de cobro utilizados por el Estado.
Según plantean, mientras se otorgan beneficios fiscales a grandes inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las pymes reciben intimaciones con plazos reducidos para regularizar deudas, lo que agrava su situación financiera.
Desde el sector advierten que el cierre de una pyme no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino también la desaparición de capacidades productivas que difícilmente puedan recuperarse en el corto plazo.
