El Gobierno de Francia impulsa un endurecimiento del régimen penal para los violadores seriales de niños, en el marco de un paquete de medidas que busca reforzar la respuesta judicial frente a los delitos sexuales contra menores. La propuesta incluye la posibilidad de reclusión criminal a perpetuidad, en reemplazo del máximo actual de 20 años de prisión.
El anuncio fue realizado por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras una reunión de crisis con distintos miembros del gabinete. El encuentro se llevó a cabo luego del fuerte impacto social y político generado por el denominado caso Lyhanna, que reavivó el debate sobre la protección de la infancia en el país.
Según explicó el jefe de gobierno, el objetivo central es agravar las penas para los agresores reincidentes en delitos sexuales contra menores. En ese sentido, sostuvo que los casos de violadores seriales deberían ser contemplados bajo el régimen de prisión perpetua, como señal de mayor severidad del Estado.
Además de la reforma en las penas, el Ejecutivo planteó establecer plazos más estrictos para la investigación de este tipo de delitos. La iniciativa contempla que los actos de instrucción judicial se desarrollen en un máximo de tres meses, con el fin de acelerar las causas vinculadas a violencia infantil.
El caso que aceleró el debate es el de Lyhanna, una niña de 11 años asesinada presuntamente por un hombre acusado previamente en varias causas por violaciones a menores. El hecho generó una ola de indignación en la sociedad francesa y abrió una fuerte discusión política sobre la eficacia del sistema judicial.
Las propuestas del Gobierno recibieron respaldos en sectores del oficialismo y parte de la oposición. La diputada centrista Perrine Goulet expresó su apoyo a endurecer las sanciones, al considerar inadmisible que reincidentes reciban penas similares a quienes cometen un solo delito.
En contrapartida, referentes de la izquierda plantearon reparos sobre la prioridad de la reforma. La diputada Gabrielle Cathala sostuvo que antes de aumentar las penas es necesario mejorar los mecanismos de denuncia y el funcionamiento de las investigaciones judiciales.
Organizaciones especializadas en la protección de la infancia también aportaron críticas al enfoque centrado exclusivamente en lo penal. Desde la asociación Face à l’Inceste remarcaron que solo un bajo porcentaje de agresores en casos de violencia sexual contra menores llega a condena, y advirtieron que la solución requiere también fortalecer la prevención y el sistema judicial.
