El Gobierno nacional avanza con uno de los cambios más profundos para el mercado de alquileres desde la derogación de la Ley de Alquileres. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción en el Senado, incorpora un mecanismo de “desalojo exprés” para los inquilinos que incumplan con el pago del alquiler. Además, acelera significativamente los tiempos judiciales para recuperar un inmueble.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por la administración de Javier Milei con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los dueños de inmuebles. Sin embargo, organizaciones de inquilinos aseguran que el proyecto deja a quienes alquilan en una situación de “extrema vulnerabilidad“. Lo cual, según advierten, podría agravar la crisis habitacional.
Consultado por LT17 Radio Provincia de Misiones, Adrián Torres, titular de la Asociación de Inquilinos de Misiones afirmó que la iniciativa favorece a los propietarios en los conflictos por alquileres. Por ello, cuestionó que las penalidades previstas puedan perjudicar a quienes incumplen sus obligaciones por dificultades económicas en un contexto nacional complejo, y no por falta de voluntad de pago.
“El desalojo exprés es algo que hace mucho tiempo buscaba el mercado inmobiliario. Finalmente, consiguieron dar el primer paso. Es una situación que afectará mucho a los inquilinos en caso de aprobarse“, apuntó.
Torres añadió que con la nueva propuesta “cambian los tiempos para articular algún tipo de defensa. Sabemos que el mercado inmobiliario es inescrupuloso y salvaje. Muchas veces recurren a artimañas para poder desalojar, y eso muchas veces no da tiempo a la defensa”.
Efectos directos para los inquilinos con el proyecto del desalojo exprés
“Las cuestiones de alquileres se dirimen en la justicia ordinaria, y a veces uno necesita armarse de tiempo y dinero para poder argumentar su defensa. Las inmobiliarias, al tener el poder económico, y no darle tiempo al inquilino, en pocas horas o días pueden estar desalojándolo, incluso injustamente. Lamentablemente, es algo que traerá muchas consecuencias si se aprueba”, subrayó.
Al mismo tiempo, recordó que los inquilinos atraviesan una situación económica cada vez más ajustada, ya que entre el 70% y el 80% de sus ingresos, y en algunos casos hasta el 100%, puede destinarse al pago del alquiler. “No hay mucho margen para la defensa de su situación”, sostuvo.
Por otro lado, aclaró que “una cosa es alguien que no paga un alquiler porque se le ocurre no pagarlo, pero otra cosa muy diferente es una persona a la que le surge algo de fuerza mayor que le impide dar cumplimiento a los compromisos en una fecha específica”.
Finalmente, Torres cuestionó el impacto de las decisiones económicas nacionales sobre la capacidad de pago de los inquilinos. “Cuando alguien trabaja, proyecta y se endeuda en base a su situación económica, pero después resulta que, de golpe, asume un nuevo poder y devalúa la moneda en un 50%, no queda cómo garantizar un pago”, sostuvo.
