El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre propiedades, vehículos y activos societarios de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. La resolución, firmada este martes por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, busca preservar los bienes mientras se define cuáles deberán ejecutarse para afrontar el monto fijado en la sentencia: 685 mil millones de pesos.
Entre los inmuebles alcanzados figura el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario. Esa propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner investigada también en la causa por lavado de activos. Los jueces aclararon que la medida no implica una subasta inmediata ni la pérdida definitiva de dominio, sino que busca impedir transferencias o gravámenes mientras avanza el procedimiento.
En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución fue solicitada por el fiscal Diego Luciani ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre pasado, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades: 20 vinculadas a la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y seis correspondientes a otros condenados.
Una nueva lista de activos
La segunda etapa comprende 144 bienes, entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También se incorporó el dinero hallado en una caja de seguridad del Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, con más de cinco millones de dólares.
Los jueces fundamentaron las medidas en la sentencia condenatoria del caso Vialidad, que determinó que la maniobra en torno a la obra pública generó beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner. Según el fallo, empresas vinculadas al empresario explotaron hoteles y propiedades de los Kirchner a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A..
Acciones, transferencias y herencia
El tribunal citó el artículo 23 del Código Penal, que habilita a alcanzar a sociedades beneficiadas por el producto del delito y a perseguir activos transmitidos gratuitamente a terceros. En ese marco, las acciones de Los Sauces y Hotesur permanecen embargadas desde 2017, cuando se analizaba la sucesión de Néstor Kirchner.
En aquella instancia se determinó que las cuotas y acciones de Cristina habían sido cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Para el TOF 2, esa transferencia no impide que los activos sean alcanzados por la ejecución patrimonial derivada de la condena.
Propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz
La resolución también incluyó inmuebles del Complejo Madero Center, en Puerto Madero, y terrenos en El Calafate y El Chaltén, entre ellos el correspondiente al Hotel La Aldea, usurpado desde hace más de dos años. En Río Gallegos, las medidas alcanzaron el chalet de la expresidenta sobre la costanera y otras propiedades en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
El tribunal remarcó que los embargos no constituyen un decomiso automático ni implican la pérdida definitiva de los bienes. La decisión busca preservar los activos hasta que se determine su destino dentro del procedimiento. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver los recursos presentados por Cristina Kirchner y Báez contra la primera tanda de decomisos, lo que definirá el alcance final de la ejecución patrimonial en la causa Vialidad.
