El colapso de las obras públicas por la falta de financiamiento del Gobierno nacional volvió a golpear con fuerza al tejido laboral del norte argentino. En las últimas horas, la parálisis total de los trabajos de remodelación y mantenimiento sobre la ruta nacional N° 34, a la altura del tramo que une El Cuarteadero con la ciudad de San Pedro de Jujuy, derivó en el despido de 180 operarios de la construcción que llevaban 20 días de suspensión.
La drástica resolución fue adoptada por la empresa privada adjudicataria tras agotar una etapa de suspensión de 20 días sin goce de sueldo que pretendía dar margen a una respuesta oficial sobre la liquidación de certificados de obra adeudados. De acuerdo a las denuncias expuestas por la representación sindical y los propios operarios, el Estado Nacional, a través de Vialidad Nacional, mantiene un ahogo financiero con la contratista por montos acumulados que oscilan entre los 19 mil y 23 mil millones de pesos, correspondiente a certificaciones impagas desde el año pasado.
Frente al agotamiento de los recursos financieros y la falta de flujo de fondos, la compañía resolvió cerrar las operaciones del obrador y desvincular a la totalidad de la nómina de personal.
“Se vencieron los 20 días de que estábamos suspendidos por el tema de la plata. A la empresa, Vialidad Nacional no le pagó las certificaciones, se están adeudando aproximadamente 19 mil millones de pesos”, relató uno de los trabajadores afectados durante la protesta en la Ruta Nacional N° 1. A lo que agregó que, “hoy, supuestamente, tenían que reactivar la obra. Nos hicimos presentes en el obrador y la empresa nos comunicó a todos que no pertenecemos más y estamos dados de baja”.
Como respuesta inmediata a los despidos, la seccional provincial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) montó un plan de lucha con asambleas permanentes y cortes parciales de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 1, para luego trasladar la protesta directamente sobre la traza de la Ruta 34. El gremio advirtió sobre la gravedad social de la medida, que deja sin ingresos a casi doscientas familias de la zona del Ramal jujeño.
