En el marco del Día de la Industria, que se conmemora este 2 de septiembre de 2026, un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) expone un panorama alarmante: la producción manufacturera se desploma, el empleo industrial se achica y las importaciones baten récords. El documento describe un proceso de deterioro profundo durante la gestión del Gobierno nacional, con fábricas cerradas, plantas paralizadas y miles de trabajadores fuera del sistema.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registró una baja interanual de 1,9% en el primer semestre de 2026. La comparación con el período previo es aún más dura: entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la actividad industrial se ubicó 8,1% por debajo del promedio de 2022-2023. El Índice de Producción Industrial (IPI) confirma la tendencia: la producción cayó 2,2% frente al mismo período de 2025 y acumula un retroceso de 10,2% respecto de la etapa anterior.
La utilización de la capacidad instalada refleja el parate: en junio apenas alcanzó el 59,1%. En términos concretos, cuatro de cada diez máquinas permanecieron apagadas. Sectores como la metalmecánica y los minerales no metálicos sufrieron caídas superiores al 30%.
El golpe también se sintió en el trabajo. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos industriales registrados, lo que equivale a una reducción del 8%. La cantidad de trabajadores pasó de 1.215.092 a 1.117.780. En paralelo, desaparecieron 4.020 unidades productivas, una contracción del 8,1%.
El informe ubica a la Argentina entre los países con peor desempeño industrial: entre 2023 y 2025 cayó 7,9%, sólo superada por Hungría. Mientras tanto, Brasil, Chile, Perú y Uruguay mostraron crecimiento.
Importaciones récord y mercado interno debilitado
El avance de las importaciones impulsadas por el Gobierno nacional es otro eje central. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron US$ 5.362 millones en bienes de consumo, el mayor valor para ese período desde que existen registros comparables. En doce meses, el acumulado trepó a 11.496 millones de dólares.
Los rubros más afectados fueron electrodomésticos, prendas de vestir, motos y bicicletas, alimentos y productos farmacéuticos. En conjunto, estos sectores explicaron el 45,5% de las importaciones de bienes finales. Para Cepa, la “apertura no planificada” dejó a los fabricantes locales sin herramientas de protección en un mercado interno debilitado.
Fábricas cerradas y conflictos en aumento
El Observatorio de Conflictividad de Cepa relevó 180 casos entre enero y agosto de 2026: despidos, cierres de plantas, suspensiones y quiebras. Las pymes representaron más de la mitad de los conflictos. En el sector metalúrgico, José Cascasi y Cía. cerró su planta en Tigre y Metalfor despidió al 70% de su personal en Córdoba. En la industria textil, Will Der cerró dos plantas y echó a 120 trabajadores, mientras que Fisipa ingresó en concurso preventivo. El sector automotor también sufrió: Cabot cerró su planta en Campana tras más de seis décadas, Citroën dejó de producir el Berlingo en El Palomar y ZF Argentina suspendió parcialmente su producción en Córdoba, afectando a 340 empleados.
El complejo forestal y papelero no escapó: Linor SRL cerró en Misiones y Forestal Tapebicuá mantiene paralizada su planta en Corrientes con más de 500 puestos en riesgo.
Sectores golpeados
La construcción aparece como el sector de peor desempeño: el Isac cayó 26% en promedio durante la gestión del Gobierno nacional, vinculado a la desaparición de la obra pública y al encarecimiento en dólares de la construcción privada. La industria química también retrocedió: su producción fue 6,5% inferior al período anterior. Laboratorios Pyam despidió a 20 trabajadores y Cascia enfrenta reclamos por reducción de personal.
El informe atribuye el retroceso a un “sesgo antiindustrial” en las políticas oficiales. Señala el aumento de tarifas de electricidad y gas, la derogación de la Ley de Compre Nacional, la eliminación del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), la reducción de aranceles y licencias de importación, y la discontinuidad de créditos productivos subsidiados.
El Inti perdió 854 trabajadores desde fines de 2023, lo que debilitó su capacidad de asistencia técnica. En agosto de 2025 se cerró la Secretaría Pyme, pese a que las pequeñas y medianas empresas representan el 98% de las firmas y generan más del 70% del empleo.
La ejecución presupuestaria también se desplomó: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó 77,3% respecto de 2023; el Inti, 49,9%; el Inase, 49,5%; el Instituto Nacional del Agua, 64,5%; y el Inta, 21,4%. Para Cepa, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) completa el giro de la política industrial al privilegiar actividades extractivas y exportadoras por encima de la producción nacional.
El documento advierte que la industria manufacturera representa el 18% del PIB, concentra la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo y genera 2,5 millones de empleos directos. El desafío, a casi 33 meses de gestión, es evitar que la contracción derive en una pérdida permanente de capacidades construidas durante décadas.
