La Cámara de Representantes de Misiones firmará este miércoles convenios de asistencia y colaboración con los municipios de San José, Colonia Alberdi, Corpus Christi, Gobernador Roca, 9 de Julio y Jardín América para comenzar con la elaboración de sus Digestos Jurídicos Municipales. El acto será a las 10 en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura.
El trabajo de elaboración de los Digestos Jurídicos Municipales alcanza actualmente a 46 municipios de Misiones, según explicó la secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico, Silvana Pérez. De ese total, 15 ya finalizaron el proceso, mientras que otros 31 se encuentran en distintas etapas de recopilación, análisis y depuración de ordenanzas.
Qué se analiza en cada ordenanza
En ese marco, Pérez recordó que el programa comenzó en mayo de 2001, cuando recibió el desafío de avanzar con los digestos municipales. “En ese momento, solo existían las firmas de Aristóbulo del Valle, Oberá y Montecarlo. Entonces, me puse como objetivo llevar adelante los digestos municipales de todos los municipios”, señaló.
Según explicó, el proceso se inicia con la recopilación y tipeo de todas las ordenanzas existentes en cada municipio. Luego se realizan los análisis documental y normativo, antes de llegar a la instancia de análisis epistemológico, donde se determina la situación jurídica de cada norma. “Este procedimiento permite establecer si una ordenanza queda, se fusiona, está derogada, es objeto cumplido o tiene un plazo vencido”, agregó.
La primera etapa también tiene un componente histórico, ya que se reúnen las normas desde la fundación de cada municipio. “Una ordenanza no es simplemente un papel. Atrás hay una historia y un por qué sobre esa ordenanza”, sostuvo Pérez. Esa documentación permite conservar el registro de la evolución legislativa municipal y, al mismo tiempo, ordenar el conjunto de normas para determinar cuáles continúan vigentes y cuáles dejaron de tener efectos.
El avance del Digestos Jurídicos Municipales en la provincia
Entre los municipios que ya completaron el proceso se encuentran Posadas, Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, Oberá, Montecarlo, Cerro Azul, 25 de Mayo, Garupá, San Ignacio, Puerto Rico, Apóstoles, San Pedro, Eldorado, Bonpland y San Vicente. Otros cuatro —El Alcázar, Campo Ramón, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú— transitan la última etapa, vinculada con la definición de la vigencia, alcance y efectos jurídicos de las normas previamente analizadas.
En una etapa intermedia trabajan nueve municipios: Dos de Mayo, San Javier, Puerto Piray, Wanda, Salto Encantado, Bernardo de Irigoyen, Capioví, Campo Grande y Puerto Libertad. Allí se realizan los análisis documental y normativo.
A su vez, 18 municipios se encuentran en la instancia inicial de recopilación y tipeo: Santo Pipó, Candelaria, Guaraní, Almafuerte, Campo Viera, Caraguatay, Comandante Andresito, Concepción de la Sierra, Dos Arroyos, Florentino Ameghino, Fracrán, Garuhapé, General Alvear, Gobernador López, Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Santa Ana y San Antonio.
Una herramienta de transparencia legislativa
Por otro lado, Pérez remarcó que el digesto no se limita a ordenar documentos, sino que busca establecer con precisión qué normativa se encuentra vigente en cada jurisdicción. Pérez sostuvo que el objetivo es brindar “seguridad jurídica y transparencia legislativa”, tanto para los gobiernos y los legisladores como para los ciudadanos que necesitan conocer qué norma se aplica ante un trámite o una consulta.
El sistema provincial mantiene además una actualización permanente de su normativa, incorporando las leyes sancionadas durante cada período legislativo. Según Pérez, “cuando termina el año legislativo, nosotros todas las leyes que se sancionaron durante el año legislativo, las estudiamos y las incorporamos al digesto de la provincia”.
El mismo criterio se aplica en los municipios, de modo que el Digesto funcione como referencia para identificar el conjunto de normas que efectivamente rige en cada localidad. La herramienta también permite que los nuevos proyectos legislativos partan de un marco normativo previamente depurado.
El trabajo también se extendió a organismos del Estado, entre ellos el Eprac, la Contaduría de la Provincia y el Tribunal Electoral. En el caso de Contaduría, ya fueron cargados alrededor de 49.800 documentos normativos y actualmente se avanza con su etapa de estudio. “Cuando miro para atrás y veo el camino recorrido, realmente me llena de orgullo”, concluyó Pérez.
