Camino Selva SA es la nueva empresa que tendrá a su cargo la concesión de las rutas nacionales 12 y 105 durante los próximos 20 años. La sociedad fue constituida por Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA, las firmas que integran el consorcio adjudicatario del denominado Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones.
La creación de la compañía se formalizó mediante escritura pública el 5 de septiembre y quedó publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Misiones. La firma tendrá domicilio en Posadas y estará controlada en un 95% por Carlos E. Enríquez SA, mientras que Hormi SA tendrá el 5% restante.
De esta manera, los adjudicatarios completaron otro de los pasos societarios necesarios para avanzar con la explotación del corredor vial. La adjudicación había sido oficializada el 24 de agosto mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía.
Un corredor de 456 kilómetros
Según el estatuto, Camino Selva tendrá como objeto específico ejecutar, por cuenta propia y a su riesgo, el contrato de concesión de obra pública por peaje correspondiente a las rutas nacionales 12 y 105.
El corredor alcanza los 456,22 kilómetros. Incluye 129,31 kilómetros de la ruta 12 entre su empalme con la ruta nacional 118 y Posadas. También comprende otros 292,32 kilómetros desde Posadas hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú.
A eso se suman los 34,59 kilómetros de la ruta nacional 105 entre la ruta 12 y su empalme con la ruta nacional 14, en Pindapoy.
La concesión tendrá una duración de 20 años. La propuesta presentada por Enríquez-Hormi contempló una tarifa de referencia de $2.950 más IVA.
Peajes y nuevas formas de cobro
El estatuto establece un amplio conjunto de facultades para la nueva concesionaria. Entre ellas figura la instalación, habilitación, operación y mantenimiento de estaciones de peaje.
Además, podrá implementar diferentes sistemas de cobro electrónico. El esquema contempla telepeaje, sistemas free flow sin barreras, pórticos de lectura automática de vehículos, billeteras virtuales y débito automático, entre otras alternativas.
Camino Selva también podrá gestionar la mora y reclamar tarifas impagas, evasiones e infracciones por vías extrajudiciales o judiciales. A su vez, tendrá facultades para instalar estaciones de pesaje, controlar cargas y operar sistemas de conteo vehicular.
El esquema forma parte del nuevo modelo de la Red Federal de Concesiones. Sin embargo, Vialidad Nacional estableció que las empresas deberán alcanzar determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar las tarifas ofertadas.
Obras y servicios para los usuarios
La nueva empresa también podrá ejecutar obras de rehabilitación, reconstrucción y ampliación de las rutas. El alcance incluye calzadas, banquinas, terceras trochas, autovías, autopistas, distribuidores, rotondas, colectoras, accesos y puentes.
También contempla obras hidráulicas, iluminación, señalización y equipamiento de seguridad vial.
En paralelo, deberá prestar servicios vinculados con la atención de los usuarios. Entre ellos aparecen auxilio mecánico, grúas, remolques, atención de emergencias médicas, primeros auxilios y traslado sanitario.
El contrato también prevé centros de control de tránsito, videovigilancia e información sobre el estado de las rutas.
Además, la firma podrá desarrollar servicios complementarios dentro del corredor. El estatuto incluye áreas de servicio, paradores, estaciones de combustible, puntos de carga para vehículos eléctricos, playas de camiones y locales gastronómicos y comerciales.
También podrá explotar espacios publicitarios y vinculados a servicios de telecomunicaciones.
El nuevo peaje, en el centro de la discusión
La puesta en marcha de la concesión continúa atravesada por la discusión sobre el esquema de peajes que tendrá el corredor en Misiones.
La documentación contempla estaciones en Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal, además de Ituzaingó, en Corrientes. Uno de los principales cambios planteados es la incorporación de un nuevo punto de cobro en la zona centro-norte de Misiones.
La propuesta generó el rechazo del gobernador Hugo Passalacqua, quien reclamó a la Nación revisar la decisión. Luego se sumaron intendentes y representantes de distintos sectores de Puerto Rico, Capioví, Garuhapé, El Alcázar, Ruiz de Montoya y Puerto Leoni, entre otros.
Desde la Nación sostienen que el nuevo modelo funcionará sin subsidios del Estado nacional. Bajo ese esquema, las empresas privadas deberán financiar la operación, conservación y mantenimiento de las rutas.
Mientras tanto, Vialidad Nacional continuará como organismo de control. Su función será fiscalizar el cumplimiento del contrato mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio.
Fotografías: ©Marcos Otaño
