Un nuevo frente judicial se abrió este lunes en los tribunales federales en lo Penal Económico. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia penal contra directivos y representantes de compañías pesqueras internacionales que explotan recursos marinos en el Atlántico Sur con licencias otorgadas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas. La presentación apunta a la defensa de la soberanía argentina, el control aduanero y la protección de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Zeea).
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. El escrito individualizó a varias empresas de origen español, principalmente de Galicia, que operan en sociedad con compañías mixtas radicadas en Malvinas.
Entre ellas figuran Lanzal, asociada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, vinculada a Argos Group Ltd.; Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid; Copemar, también ligada a esa firma; Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, vinculada a Polar Ltd.
Maniobras de evasión y clandestinidad
Según los denunciantes, las prácticas configuran el delito de contrabando bajo dos modalidades. Por un lado, la evasión del control aduanero: las flotas extraerían recursos pesqueros en aguas argentinas y luego realizarían exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y otros puertos extranjeros, sin pasar por la fiscalización nacional.
Por otro, la clandestinidad: al ampararse en permisos británicos, las compañías aplicarían un ardid para impedir el control de la Aduana argentina, evitando el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios.
El escrito cita los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, que sancionan la obstrucción del control aduanero, la exportación clandestina y las agravantes por afectación patrimonial al Estado, participación organizada y uso de transporte marítimo. Además, se pidió investigar un posible incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales, ante la presunta omisión de vigilancia y patrullaje en la zona.
Para avanzar en la investigación, los abogados solicitaron que el juzgado libre oficios a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con el fin de obtener reportes de avistamiento de las flotas denunciadas. También pidieron a la Dirección General de Aduanas verificar si las empresas registraron exportaciones o abonaron aranceles, y a la Inspección General de Justicia constatar los vínculos comerciales y activos operativos de estas compañías en territorio continental argentino.
