El nuevo programa argentino de ciudadanía por inversión apunta a convertirse en una alternativa para estadounidenses adinerados que buscan una segunda ciudadanía y, según expertos consultados por Forbes, también puede adquirir valor como símbolo de estatus, en un contexto marcado por el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre el artículo 154 del DNU 70/23, vinculado con la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En ese escenario, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado de Misiones a iniciar las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley 26.737, mediante el Decreto N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la iniciativa el viernes y el Gobierno prevé lanzarla antes de que termine 2026. Argentina sería, según la información difundida sobre el programa, el primer país de Sudamérica y del G20 en ofrecer una iniciativa de este tipo, además de reconocer a las parejas casadas del mismo sexo.
El esquema contempla dos vías para acceder a la ciudadanía mediante una donación o una inversión en un bono del Tesoro. Los estadounidenses de alto patrimonio muestran un interés creciente por contar con un “plan B” frente a escenarios de inestabilidad política y económica. Dos asesores de migración de inversión que participaron en las consultas del Gobierno argentino señalaron a Forbes que algunos inversores consideran una segunda ciudadanía como una “póliza de seguro” ante la volatilidad internacional.
Nación facilita acceder a la ciudadanía argentina siendo estadounidense
Antes de definir el programa, el Gobierno argentino consultó a un consorcio integrado por cinco firmas globales de asesoría migratoria: Latitude World, Apex Capital Partners, Passport Legacy, Arton Capital y AIM Global Residency and Citizenship. El esquema resultante contempla una donación única no reembolsable o la adquisición de un bono del Tesoro a siete años sin intereses.
La primera alternativa establece una donación de 350.000 dólares para una persona o 450.000 dólares para una pareja, además de 25.000 dólares por cada hijo menor de 18 años y 100.000 dólares por cada hijo adulto de entre 18 y 24 años. La segunda opción fija un bono de siete años sin intereses por 800.000 dólares para una persona o 900.000 dólares para una pareja, con los mismos montos adicionales según la edad de los hijos.
El interés de los estadounidenses por obtener una segunda ciudadanía también alcanza otras vías, como la ciudadanía por descendencia. Desde 2020, los abogados de inmigración y los servicios de ascendencia también han experimentado un creciente interés entre los estadounidenses que buscan doble ciudadanía por descendencia, pero los recortes de personal de la administración Trump en los Archivos Nacionales han dificultado el acceso a los registros genealógicos necesarios, según informó el Boston Globe.
La Corte Suprema revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras
La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, con el que Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales. De esta manera, vuelve a quedar vigente la disposición que eliminó el régimen de restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El máximo tribunal, sin embargo, no declaró constitucional el artículo cuestionado. En su sentencia, sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) no estaba legitimado para promover la demanda y que no se había configurado un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. Además, fijaba restricciones específicas para las zonas de frontera y establecía que una misma persona extranjera no podía superar las mil hectáreas en la zona núcleo.
El artículo 154 del DNU 70/23 derogó ese régimen durante los primeros días de la gestión de Milei. La medida había sido cuestionada judicialmente y, en enero de 2024, una resolución de la Justicia Federal de La Plata había suspendido de manera cautelar la aplicación del artículo que eliminaba las restricciones.
Passalacqua instruyó a la Fiscalía de Estado a resguardar el territorio misionero ante el fallo de la Corte Suprema
El gobernador Hugo Passalacqua se convirtió en el primer gobernador en expedirse sobre el fallo de la Corte Suprema y, en ese marco, instruyó al Fiscal de Estado de Misiones a iniciar las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos e intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado el 2 de octubre de 2026, que habilita a la Fiscalía a actuar “en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas”.
“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, expresó Passalacqua.
El decreto establece que las acciones deberán buscar hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado provincial que pudieran verse afectados por la derogación de la Ley 26.737. En ese marco, el Decreto N.º 1935 señala que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la normativa que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
En sus fundamentos, el Gobierno provincial sostiene que la vigencia del artículo 154 impacta sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de Misiones, además de mencionar el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal. Con esta instrucción a la Fiscalía de Estado, Passalacqua dispuso una vía institucional para que la Provincia plantee judicialmente la defensa de esos intereses, en línea con el planteo de Behler sobre la necesidad de que se defina la validez constitucional del DNU 70/2023.
