Las acciones de la petrolera británica Rockhopper registraron un fuerte retroceso en la bolsa de Londres, una baja que ocurre en medio de la disputa por el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion en las Islas Malvinas. Los papeles de la compañía retrocedieron 19,7% este lunes en el mercado británico, lo que refleja la creciente incertidumbre sobre el desarrollo del yacimiento.
La firma mantiene sus planes de extracción en la cuenca norte de las islas, la estrategia continúa a pesar de las sanciones del Gobierno argentino y de una medida cautelar de la Justicia Federal. La cotización de la empresa socia de la israelí Navitas acumula un balance negativo. Las pérdidas aumentaron tras el endurecimiento de la postura de la administración de Javier Milei contra las actividades petroleras sin autorización.
Los títulos de Rockhopper perdieron cerca de un 8% durante los primeros dos días de octubre. Además, la empresa registró una contracción cercana al 18% en la bolsa durante septiembre. La compañía británica posee una participación del 35% en el proyecto Sea Lion. La firma israelí Navitas Petroleum controla el 65% restante y asume la operación del área.
Rockhopper publicó un comunicado official tras la caída de sus papeles en el mercado. El documento tomó como base un informe de Navitas Petroleum para los inversores. La empresa reconoció las sanciones del Gobierno argentino contra las firmas involucradas en el proyecto. La respuesta estatal abarca actividades ligadas a los recursos naturales en la zona.
El conflicto con contratistas y la búsqueda de reemplazos
Navitas confirmó que un contratista decidió no realizar trabajos para el desarrollo de Sea Lion, esta decisión incluye la renuncia a tareas de exploración y producción en Malvinas. La empresa operadora implementa medidas para sustituir a dos contratistas por incumplimiento de compromisos. La firma realiza las modificaciones operativas necesarias para sostener las labores.
Pese a los contratiempos, las petroleras afirmaron que no prevén un impacto material adverso sobre el proyecto. Las compañías cuentan con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Sin embargo, las empresas admitieron la posibilidad de un cambio en el escenario proyectado. El fracaso o la demora en el reemplazo de los contratistas figura entre los factores de riesgo principales.
Las petroleras advirtieron sobre eventuales retiros de otras compañías vinculadas a la operación. Asimismo, contemplan la posible falta de sustitutos en el mercado. Las firmas incluyeron una nueva escalada de las medidas argentinas entre los riesgos latentes. A su vez, señalaron posibles cambios regulatorios o geopolíticos sobre las evaluaciones del proyecto.
Cronograma de perforaciones y respuesta en el mercado de Londres
A pesar de los obstáculos, Rockhopper y Navitas ratificaron el cronograma de trabajo para Sea Lion. El plan contempla el inicio de las perforaciones a principios de 2027. La primera fase del desarrollo incluye la realización de 11 pozos petroleros. Las firmas estiman comenzar la producción en el primer trimestre de 2028 con hasta 55.000 barriles diarios.
Rockhopper presentó su informe semestral ante la Bolsa de Londres la semana pasada. La compañía sostuvo que el Reino Unido y los isleños consideran las sanciones argentinas “ilegítimas” y sin justificación jurídica. La petrolera admitió que las acciones del Gobierno argentino generaron una mayor exposición pública. Las medidas contra personas y empresas incrementaron el perfil político y mediático de Sea Lion.
Frente judicial y acciones internacionales del Gobierno argentino
El Gobierno de la Argentina incrementó la presión sobre las empresas en el área en disputa. Las autoridades consideran ilegal la extracción de hidrocarburos sin la habilitación correspondiente. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar. La resolución ordena a Rockhopper y Navitas la suspensión de las actividades asociadas al yacimiento.
La causa judicial cuenta con la participación de excombatientes de Malvinas. El fallo exige a las petroleras el aporte de información sobre sus operaciones previstas.
El Gobierno argentino alista un arbitraje internacional en el marco de la CONVEMAR. La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar busca medidas provisionales para paralizar las obras hasta la resolución de la cuestión de fondo.
